Hace algunas semanas escribí en estas páginas “Derrumbe de las roscas”, sobre esa vieja costumbre nuestra de convertir la contratación pública en reparto entre amigos, recomendados y las roscas de contratistas de siempre. Dije entonces que había que seguir la ruta de los contratos y también la del enriquecimiento.
Lo ocurrido el viernes en el Consejo de Seguridad de Coveñas lleva el asunto más lejos. De frente, mirándolo a los ojos, el presidente Abelardo De la Espriella le dijo al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña: “Todo Sincelejo lo sabe. Todo Sucre lo sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano”. Le recordó los procesos que lo rodean y anunció vigilancia especial sobre los recursos nacionales para la ciudad.
El mensaje no iba solo para Sincelejo. Iba para todos los alcaldes y gobernadores del país, y para cualquiera que maneje plata ajena. Una advertencia pública puede enseñar más que mil circulares. Quien tiene el poder de contratar debe saber que alguien lo mira. Esa es la advertencia de Coveñas y el presidente, a juzgar por lo dicho allí, no parece dispuesto a darle tregua a esta guerra.
Quien llega a una alcaldía, una gobernación o cualquier cargo del Estado recibe la obligación de cuidar recursos que pertenecen a todos y son para el servicio de todos. Esa plata no es para repartirla entre amigos, alimentar clientelas ni levantar fortunas difíciles de explicar. Cada peso desviado es una obra que no se hizo, un hospital que no se dotó o una escuela que siguió esperando.
Durante demasiado tiempo hemos tolerado cierta elasticidad con ese principio: contratos hechos a la medida, interventorías complacientes, adiciones generosas, convenios oportunos y patrimonios que crecen con una velocidad que el sueldo de un funcionario jamás justificaría.
Esta campaña se medirá por los nombres que alcance, el dinero que recupere y las prácticas que consiga impedir.
El Bloque de Búsqueda Anticorrupción tendrá sentido si va hasta el fondo, siguiendo el dinero público para saber quién se benefició y en qué se convirtió. Habrá que mirar casas, fincas, sociedades, cuentas, inversiones y también lo que figure a nombre de familiares, socios o testaferros.
La compra de votos pertenece al mismo expediente. En «Cuando vota la corrupción» sostuve que es otra cara de la enfermedad que nos acosa y nos empobrece. Quien compra votos para ganar una elección pone dinero con la expectativa de recuperarlo multiplicado desde el poder. El saqueo suele empezar antes de la posesión.
El Bloque de Búsqueda deberá ayudar también a detectar, denunciar y prevenir esa práctica.
Quienes ejerzan o hayan ejercido funciones públicas y sepan que su patrimonio no resiste una pregunta deberían adelantarse. Si siguen en el cargo, deberían renunciar, declarar lo que no puedan explicar, devolver lo que corresponda y acogerse a los beneficios que la ley permita. Mejor hacerlo antes de que la Fiscalía, la DIAN y la UIAF reconstruyan la historia de cada propiedad y cada transferencia, también las de familiares y allegados cuando haya razones para investigarlas.
No puede haber excepciones. Ni el partido, ni la amistad, ni la influencia pueden servir de escudo, y eso incluye a los cercanos al propio gobierno.
Al cumplirse sesenta días de gobierno, el presidente De la Espriella ha puesto el peso de la Presidencia detrás de esta lucha y lo hizo en Coveñas con nombre propio. Cada funcionario conoce la historia de su patrimonio y sabe si puede explicarla.
*Economista* Analista Internacional.
