La Federación Nacional de Departamentos (FND) presentó un análisis técnico en el que les solicita al Gobierno nacional y al Congreso abrir un diálogo para actualizar el sistema de categorización presupuestal de las entidades territoriales, regulado por la Ley 617 de 2000.
Dicha Ley 617 se centra en la disciplina fiscal, la estructura institucional y la capacidad de inversión de los departamentos y municipios, a los que les impuso un estricto manual para operar. Para entenderlo, podría compararse con una liga de fútbol que tiene cinco categorías. Los departamentos ascienden, se mantienen o bajan según su desempeño.
Según el gremio de los gobernadores, el aumento del 23 % en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) para 2026 elevó en esa misma proporción los umbrales en pesos requeridos para mantener o definir las categorías fiscales, distorsionando la evaluación de la gestión territorial.
Con el ajuste salarial, el parámetro mínimo en ingresos corrientes de libre destinación para pertenecer a la primera categoría pasó de aproximadamente $241.996 millones a $297.656 millones, lo que exige un incremento superior a los $55.600 millones para mantener la clasificación.
De igual forma, los límites de referencia se ajustaron en las demás categorías: la especial supera ahora $1,05 billones, la segunda asciende a cerca de $213.612 millones y la tercera sobrepasa los $105.056 millones.
El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, advirtió que la metodología actual depende de una variable macroeconómica exógena —definida a nivel central—, por lo que un incremento en el recaudo local por debajo del porcentaje de alza del salario mínimo se traduce en una reducción de la equivalencia en SMLMV, pudiendo derivar en descensos de categoría que no corresponden a un deterioro fiscal o mala gestión administrativa.
Ante esta distorsión, la FND propone sustituir el SMLMV como unidad de cuenta e incorporar un modelo multidimensional basado en capacidades, costos de prestación de servicios y especificidades regionales para avanzar en la agenda de descentralización.
«La Ley 617 fue expedida en el año 2000 en un contexto fiscal, institucional y económico diferente al actual. Después de más de veinticinco años, la Federación considera necesario revisar si los mismos rangos y, especialmente, el uso del salario mínimo como unidad de medida siguen reflejando adecuadamente las capacidades de los territorios», argumentó la federación.
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