La actuación se conoce en medio de la crisis financiera del hospital, cuyas cuentas fueron embargadas por deudas y que tendría un déficit cercano a $13.000 millones.
En medio de la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia, que incluso llevó al embargo de sus cuentas por deudas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y una indagación previa contra el gerente de la institución, Juan Carlos Sánchez Fernández, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en contratos que superarían los $2.044 millones.
Uno de los casos que revisa el Ministerio Público corresponde a una contratación que se habría realizado el 1 de enero de 2025 con la Corporación Balboa, por $444.707.780. La Procuraduría busca establecer si este monto superó el límite establecido en el Manual de Contratación del hospital y si el negocio se adelantó sin autorización de la Junta Directiva de la ESE.
A esto se suma la contratación, desde enero de 2026, por más de $1.600 millones para la compra de equipos biomédicos especializados. Según la información que dio origen a la actuación, estos equipos no estarían funcionando debido a que el hospital no contaría con el personal necesario para operarlos.
La Procuraduría también investiga si el gerente habría omitido declarar un posible conflicto de intereses relacionado con una supuesta relación sentimental con la jefe de talento humano de la institución. Además, se indagan eventuales ausencias del servicio sin autorización y el presunto uso para asuntos personales de un vehículo contratado por el hospital.
La investigación se conoce en un momento crítico para las finanzas del centro asistencial. El pasado 18 de septiembre se informó que sus cuentas habían sido embargadas por deudas. Para entonces, el hospital reportaba un déficit cercano a los $13.000 millones y cuentas por pagar superiores a los $10.000 millones.
La situación ha generado preocupación entre habitantes de Caldas y comunidades del Sur del Valle de Aburrá y del Suroeste antioqueño, ante el riesgo de afectaciones en la atención de los usuarios.
Desde distintos sectores también se ha pedido la intervención de las autoridades, mientras se recuerdan deudas superiores a los $1.000 millones con anestesiólogos y de más de $600 millones con cirujanos.
/BLURADIO
