La investigación busca establecer si las dificultades financieras y el represamiento de cartera de tres EPS estarían afectando la atención, los pagos al personal y a proveedores del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos que están por establecer, por una presunta crisis financiera que estaría afectando la prestación de los servicios de salud en Caquetá, especialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.
La investigación busca identificar a los posibles responsables y establecer si las dificultades en el flujo de recursos y el represamiento de cartera de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas estarían generando consecuencias administrativas, financieras y asistenciales para el hospital y para el personal que presta allí sus servicios.
Según la Procuraduría, esta situación habría ocasionado retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir con las obligaciones con proveedores y posibles reducciones o suspensiones de servicios y personal.
Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para determinar lo ocurrido.
Además, el organismo informó que remitirá a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa una queja contra el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud, debido a que la competencia disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde a esa dependencia.
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