La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) prendió las alarmas por la forma en que se están tramitando solicitudes de rectificación contra medios de comunicación relacionados con información sobre Abelardo de la Espriella.
Según la organización, las solicitudes han sido presentadas por De la Espriella Lawyers, la firma de abogados que pertenece al mandatario, y en algunos casos no se limitarían a pedir la corrección de datos que consideran incorrectos. La FLIP asegura que también incluyen propuestas sobre cómo deberían ser narrados determinados hechos de la trayectoria del Presidente y advertencias de posibles acciones judiciales si los medios no aceptan esas formulaciones.
La alerta cobra especial relevancia porque quien está detrás de las reclamaciones es ahora el jefe de Estado, una figura que por su cargo está sometida a un alto nivel de escrutinio público.
El caso que puso nuevamente el tema sobre la mesa
Uno de los casos más recientes involucra al medio digital Manizales Denuncia y una publicación de 2024 relacionada con la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), creada en 2005 durante el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De la Espriella fue socio fundador y representante legal de esa fundación. De acuerdo con la FLIP, la firma pidió al medio actualizar información relacionada con el desenlace de investigaciones judiciales sobre el caso. El medio atendió esa solicitud.
El problema, según la organización, apareció cuando la petición también incluyó la forma en que debían caracterizarse los hechos y una advertencia de que podrían emprenderse acciones constitucionales, civiles y penales si el medio no acogía las propuestas planteadas.
Para la FLIP, ahí está la diferencia entre pedir que se corrija un dato y pretender que un medio modifique la manera en que cuenta una historia.
¿Qué se puede pedir cuando alguien considera que una noticia es incorrecta?
La rectificación está contemplada en el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y de información y reconoce el derecho a que se rectifique información cuando corresponda, en condiciones de equidad.
Eso significa que una persona que considere que un medio publicó información falsa, inexacta o desactualizada puede reclamar una corrección.
Pero ese derecho tiene un límite, o sea no significa que una persona pueda decidir cómo debe escribir un periodista una información o qué interpretación debe hacer un medio sobre hechos de interés público.
Ese es precisamente el punto que está planteando la FLIP. La organización sostiene que el mecanismo de rectificación no puede convertirse en una herramienta para controlar la narrativa periodística sobre la trayectoria de quien ocupa la Presidencia.
La preocupación va más allá de un solo medio
Para la Fundación, el problema tampoco termina en Manizales Denuncia.
La preocupación está en el posible efecto que este tipo de reclamaciones puede tener sobre otros periodistas. Si una solicitud viene acompañada de advertencias sobre posibles demandas o acciones judiciales, un medio pequeño o regional puede terminar enfrentando una presión considerable para decidir si publica, mantiene o modifica una investigación.
Y ahí aparece lo que la FLIP identifica como un posible efecto inhibidor sobre la prensa: que otros periodistas, incluso sin recibir una reclamación, prefieran no investigar determinados asuntos para evitar procesos judiciales o costos asociados a su defensa.
La organización ya había advertido sobre el uso de herramientas jurídicas contra periodistas que han publicado información o cuestionamientos sobre De la Espriella. En noviembre de 2024, por ejemplo, la FLIP cuestionó una tutela presentada por él contra periodistas de Tercer Canal y señaló entonces el riesgo que este tipo de actuaciones podía representar para la libertad de expresión.
Ahora el escenario es distinto: De la Espriella es Presidente
La FLIP considera que la situación adquiere una dimensión diferente porque De la Espriella ya no es únicamente un abogado o una figura política: ahora es el Presidente de la República.
La organización sostiene que los funcionarios públicos, especialmente quienes ocupan los cargos de mayor poder, deben tolerar un mayor nivel de escrutinio porque sus actuaciones son asuntos de interés público.
En ese sentido, investigar el pasado profesional de un Presidente, revisar sus actuaciones anteriores o publicar información relacionada con su trayectoria hace parte del trabajo periodístico, siempre que los medios cumplan con sus obligaciones de veracidad e imparcialidad.
La discusión, entonces, no es si el Presidente puede reclamar cuando considere que una información es falsa. Puede hacerlo. El debate está en si ese mecanismo puede utilizarse para pedirle a un medio que adopte una determinada forma de contar los hechos o para presionarlo mediante la amenaza de acciones judiciales.
La FLIP ya había advertido sobre este tipo de actuaciones
El pronunciamiento de ahora no aparece aislado. La Fundación había señalado durante la campaña presidencial que De la Espriella utilizaba mecanismos jurídicos para controvertir publicaciones periodísticas sobre su trayectoria.
En enero de 2026, por ejemplo, la FLIP cuestionó las acciones judiciales anunciadas contra la periodista Ana Bejarano por una columna que abordaba asuntos relacionados con la trayectoria profesional y política del entonces candidato.
Meses después, durante la campaña, la organización volvió a advertir sobre ataques y actuaciones contra periodistas y medios que investigaban al candidato.
Ahora, según la FLIP, la diferencia es que esas actuaciones continúan cuando Aberlardo de la Espriella ya está sentado en la Casa de Nariño, lo que aumenta las irregularidades de poder entre el funcionario y los medios que investigan sus actuaciones.
/caracol radio
