Por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, la Fiscalía imputó al alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, por el presunto fraccionamiento de contratación durante la época electoral que se cumplió este año.
El ente acusador igualmente vinculó al proceso al secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez y al recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala.
De acuerdo con la Fiscalía se identificaron posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio (Chocó), como habría sido el uso de facturas fraudulentas e inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible.
En la investigación la Fiscalía encontró que los seis funcionarios, al parecer, intervinieron de diferentes maneras en varios contratos que no se suscribieron en el marco de un proceso contractutual planificado, fraccionando su objeto para evitar un mecanismo de selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificando el giro directo del dinero.
Para la Fiscalía, el alcalde, como ordenador del gasto, conocía la cuantía total y el objeto de la contratación, pero habría dispuesto dividirla en varias resoluciones, a la vez que es señalado de no incluir la necesidad presupuestal en el plan de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025. En desarrollo de estas actuaciones fueron autorizadas cinco partidas por un total de 200 millones de pesos.
“Las evidencias recaudadas indican que solo una parte del dinero fue utilizada para la logística electoral. Para soportar los gastos, presuntamente se presentaron cuentas de cobro con facturas fraudulentas por la entrega de almuerzos, algunas sin fecha; documentos sobre suministro de combustible expedidos después de los comicios o con valores superiores a los precios reales, y constancias que buscaban simular el pago de viáticos a jurados electorales por valores elevados”, reportó la Fiscalía General.
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