Ocho años y medio después de su puesta en marcha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entra en una etapa decisiva de sus investigaciones, con siete sentencias de macrocasos previstas al cierre de 2026 y un acumulado de 3.600 decisiones que tienen efectos de sentencia, según el balance presentado hoy durante la rendición de cuentas, encabezada por el presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli.
En medio del debate por las propuestas que buscan reducir su presupuesto para 2027, bajo el argumento de que solo ha producido cuatro sentencias, Ramelli defendió los resultados alcanzados por la Jurisdicción y sostuvo que medir su gestión únicamente por el número de sentencias de macrocasos desconoce otras decisiones judiciales adoptadas durante estos años.
“Las cuatro sentencias son el final de los macrocasos. A final de este año llevaremos siete, pero tenemos 3.600 decisiones con efecto de sentencia o son sentencias o tienen efecto de sentencia”, afirmó.
Entre esas decisiones, Ramelli destacó 1.378 sentencias proferidas por la Sección de Apelación, nueve sentencias interpretativas, y 220 decisiones de tutela en segunda instancia.
Asimismo, 1.851 tutelas que tienen carácter de sentencia, 70 sentencias de tutela de su sección y 43 resoluciones sobre renuncia a la persecución penal, que han implicado más de 1.000 renuncias.
Ramelli también señaló que la Jurisdicción actualmente registra 1.070 renuncias condicionadas a la persecución penal, mediante las cuales, según explicó, fueron esclarecidos 377 hechos relacionados con 643 víctimas. El 95% de estas decisiones, dijo, ha beneficiado a integrantes de la Fuerza Pública.
A esto se suman 992 amnistías concedidas, que han estado acompañadas de compromisos de verdad para las víctimas.
De acuerdo con el balance oficial, durante los últimos dos años las determinaciones de hechos pasaron de 12 a 28; las imputaciones, de 179 a 472, y los máximos responsables identificados, de 152 a 367. determinaciones de hechos pasaron de 12 a 28; las imputaciones, de 179 a 472, y los máximos responsables identificados, de 152 a 367.
Dentro de ese universo, las investigaciones llevaron a 296 entregas dignas de personas desaparecidas y más de 80 lugares protegidos, como parte de las acciones relacionadas con la búsqueda y respuesta a las víctimas de desaparición forzada.
En paralelo, la Jurisdicción aseguró que ha reforzado la investigación alrededor de las violencias contra los pueblos étnicos y las violencias sexuales.
Para ello, explicó Ramelli, se han reorganizado equipos de la Sala de Amnistía y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se han integrado equipos de la Unidad de Investigación y Acusación con la Sala de Reconocimiento y se han destinado magistrados itinerantes a asuntos étnicos.
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