Lo que apuntaba a convertirse el estadio El Campín como el mayor proyecto de la capital para tener el mejor escenario multieventos del país, ahora empieza a complicarse luego de varias denuncias conocidas desde el Concejo de Bogotá.
Pese a que Sencia, la empresa privada responsable del proyecto, aseguró que el proyecto sería una realidad en 2027, lo cierto es que las obras principales todavía no arrancan y la construcción acumula retrasos, trámites pendientes y se enfrenta a varios procesos judiciales.
Así lo advirtió la Concejal de Bogotá. Heidy Sánchez, al asegurar que el Contrato de Concesión No. 2772 de 2024 no cumple con el cronograma debido a que no están aprobadas las autorizaciones respectivas para iniciar las obras.
Citando al IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), todavía está pendiente la validación del Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría de Movilidad, un requisito necesario para suscribir el acta de inicio de la fase de construcción.
Esto significa que las obras que debían comenzar en el primer semestre del 2026, donde el contrato establece un plazo máximo de 671 días calendario, aproximadamente 22 meses, para la entrega y puesta en funcionamiento del nuevo Campín, este se aplazaría un año más.
«Aunque inicialmente se proyectó su entrega para diciembre de 2027, esta fecha ya no resulta viable, pues dicha acta aún no ha sido suscrita y el plazo de construcción no ha comenzado formalmente. Si el Estudio de Tránsito se aprueba y el Acta de Inicio se firma hacia finales de septiembre de 2026, la ejecución se extendería aproximadamente hasta julio de 2028, lo que representa un retraso de varios meses frente al cronograma inicial», puntualizó Sánchez.
No obstante, la concejal no solo advirtió de obstáculos administrativos que complicaría la entrada en funcionamiento del nuevo estadio El Campín, sino que además se tendrían batallas judiciales que dificultan más el proceso.
En su denuncia afirmó que el pasado 6 de agosto «fracasó la audiencia de conciliación convocada ante la Procuraduría entre los herederos de la familia Camacho, el Distrito, el IDRD y Sencia, al no lograrse un acuerdo».
Los herederos de los terrenos presentaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demandas de controversias contractuales ante el alegato de que el proyecto desconoce las condiciones bajo las cuales fueron donados los terrenos sobre los que se construyó El Campín.
Si Sencia no logra adecuar el proyecto para cumplir las solicitudes de que se mantenga su destinación deportiva, preservar el nombre de Estadio Municipal Nemesio Camacho y hasta acomodar los usos comerciales e inmobiliarios y la modificación de su denominación histórica, se corre el riesgo de suspender totalmente el proyecto o hasta pagar cifras cercanas a los $563.811 millones.
La concejal advirtió de otras dos batallas judiciales que enfrenta el proyecto para Bogotá, como lo es una acción popular ciudadana donde el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá ya ordenó incorporar información sobre el contrato, sus apéndices técnicos y financieros, las escrituras de donación y las actuaciones de los organismos de control. Además, solicitó a la Fiscalía el expediente de una noticia criminal relacionada con el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Sumado a una querella policiva, por presuntas infracciones urbanísticas más allá de lo autorizado, dentro de la cual el 12 de agosto de 2026 fueron aportadas nuevas pruebas sobre las intervenciones realizadas en terrenos de la Unidad Deportiva El Campín, particularmente en las canchas de tenis y el Campincito.
Para Sánchez, estos obstáculos para el proyecto «eran previsibles», al cuestionar cómo estos terrenos entregados a Bogotá terminen por convertirse en el soporte de un negocio privado que contempla hoteles, oficinas, comercio y distintas formas de explotación económica.
«Mientras las obras se retrasan, Sencia continúa con el aprovechamiento económico del estadio y la modificación contractual trasladó de la fase de preconstrucción a la fase de construcción el plazo para formalizar el contrato de crédito, que era de 15,5 meses», cuestionó.
Y agregó la concejal que «El Campín no puede convertirse en otro ejemplo de cómo, al poner un bien público al servicio de un negocio privado, se termina arriesgando la legalidad, el patrimonio de la ciudad y el beneficio de todos los bogotanos y bogotanas».
/colprensa
