Un juez de Medellín ordenó suspender de manera provisional los desalojos, evacuaciones y demoliciones de las viviendas ubicadas en el sector El Jardín, de la comuna Manrique, afectada por el aumento del caudal de las quebradas La Mansión y La Máquina el pasado 3 de abril.
A partir de dicha emergencia en la que murió un menor de cinco años luego de ser arrastrado por la corriente, la Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) identificaron 73 viviendas en una zona de alto riesgo por avenida torrencial, inundaciones y factores geológicos y ordenaron su evacuación y eventual demolición.
Ante dicha intervención, el Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Medellín recibió para su estudio una acción de tutela presentada por las familias que, según lo expuesto ante el juzgado, llevan varios años habitando los inmuebles.
La acción cuestionó que algunas de las decisiones administrativas se hayan adoptado sin que las familias tuvieran acceso completo al informe técnico que sustentó las medidas y sostuvo que los desalojos y demoliciones se adelantaron sin una caracterización socioeconómica previa ni garantías suficientes de una alternativa habitacional.
En ese sentido, y mientras se toma una decisión de fondo, el Juzgado ordenó que las entidades involucradas deberán abstenerse de ejecutar nuevos desalojos o demoliciones y de realizar cualquier actuación destinada a hacer efectiva la demolición de los inmuebles.
Además, el despacho ordenó a EPM reconectar los servicios domiciliarios en las viviendas de las familias accionantes que todavía los tengan suspendidos, siempre que la reconexión sea posible desde el punto de vista técnico y material.
La parte accionante también pidió que, antes de cualquier desalojo, se garantizaran condiciones básicas como alojamiento temporal, alimentación, agua potable, salud, educación y protección para niños, adultos mayores, mujeres gestantes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad.
Entre sus solicitudes está aumentar temporalmente el subsidio de arrendamiento de $600.000 a $1,6 millones y establecer un plan de reubicación definitiva.
