Se conoció en primicia que la familia del niño de siete años Kevin Arley Acosta Pico quien murió por presunta negligencia y falta de suministro oportuno de medicamentos para tratar la hemofilia severa que padecía no está dispuesta a conciliar con Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Por disposición de la Fiscalía fue citado se citó hoy el exministro Jaramilllo a comparecer a una audiencia de conciliación dentro de la indagación relacionada con la presunta revelación de secreto de la historia clínica del menor.
La denuncia se originó de las declaraciones que Jaramillo hizo públicamente tras la muerte del menor. Durante un consejo de ministros, el exfuncionario se refirió a la condición médica de Kevin y expuso detalles relacionados con las circunstancias de su muerte ocurrida el 13 de febrero pasado en el Hospital La Misericordia en Bogotá, tras ser remitido desde el Huila.
“Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un desafortunado accidente, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, señaló Jaramillo.
En su momento Yudy Katherine Pico, madre del menor, hizo un duro cuestionamiento porque esa información fue expuesta públicamente mientras todavía atravesaba el duelo por la muerte de su adorado hijo, ya que esa historia clínica estaba protegida por reserva legal.
El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales.
Dicho artículo advierte que “quien, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Aunque en su oportunidad se aseguró que supuestamente la madre de Kevin Acosta no aceptó un procedimiento quirúrgico, el informe de Nueva EPS, quedó claro que fue esa entidad prestadora de servicios en salud la que decidió no realizar el procedimiento, y puso esa decisión en conocimiento de la madre del menor.
La Procuraduría General de la Nación aseguró en su momento que el niño Kevin Arley Acosta Picó falleció por una omisión de la Nueva EPS y no por responsabilidad de su familia, como aseguraron en su momento el expresidente Gustavo Petro y su entonces ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
¡No habrá conciliación!
El representante civil de la víctima, abogado Manuel Villanueva recordó que fue la familia quien instauró la correspondiente denuncia que generó la indagación de la Fiscalía contra el exministro Jaramillo e incluso la compulsa de copias contra el expresidente Petro.
“La posición de la representación de las víctimas frente a la conciliación es que evidentemente no hay manera de conciliar la vida de un niño (…) Tenemos una posición clara y no vamos a conciliar”, dijo el abogado Manuel Villanueva.
Explicó que además de la reparación con la denuncia que en su momento instauró la familia se busca evitar la repetición de estos graves hechos que terminaron con la muerte de un menor de edad.
“La reparación, pero lo más importante la no repetición, queremos la verdad y justicia para la familia de Kevin Acosta”, indicó el jurista.
Añadió que, aunque en un principio se investiga la comisión del delito de violación a dato puesto bajo reserva, si hay méritos suficientes para que la Fiscalía lo lleve ante los jueces y le impute cargos como presunto autor del delito de homicidio culposo.
“La conclusión es la responsabilidad penal por homicidio culposo en contra del expresidente Gustavo Petro y evidentemente, del exministro de salud. Diría yo que podríamos llegar a la misma conclusión porque ellos tenían una calidad de garantes y así mismo, lo expuso la Fiscalía”, dijo.
El abogado Villanueva enfatizó: “Es así como al tener la posición de garantes sobre el sistema de salud de los colombianos evidentemente les cabría una responsabilidad”.
A imputación exinterventor de La Nueva EPS y a otros 3 funcionarios
Tras una intensa labor de investigación y contrastación de pruebas y verificación de documentos la Fiscalía determinó imputarle cargos por estos mismos hechos ante un juez a Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS.
Así mismo, los fiscales le formularán cargos por homicidio culposo a Nelson Ramírez Plaza, para la época de los hechos auditor de concurrencia y gerente regional, y a las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
Según los registros cuando logró ser atendido y recibió los medicamentos, ya era demasiado tarde, debió a que el estado de salud de Kevin era extremadamente crítico y los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida fueron insuficientes.
Compulsa de copias contra el expresidente Petro
Por estos, hechos la Fiscalía también le compulsaron copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que adelante las investigaciones a que haya lugar contra el expresidente Gustavo Petro por su supuesta responsabilidad en los delitos listos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo, bajo la calidad de garante debido a la filtración de la historia clínica del menor.
El viacrusis que llevó a la muerte a Kevin
Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete añoscon hemofilia A severa, murió en Bogotá el pasado 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia luego de que la Nueva EPS autorizara su traslado desde Huila.
El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente, tras sufrir una caída en bicicleta. Su madre, Yudy Katherine Pico, lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes.
Pese a la afiliación del menor a la entidad, intervenida por el gobierno del expresidente Gustavo Petroa través de la Superintendencia de Salud, su tratamiento médico fue interrumpido, de acuerdo con denuncias públicas de su familia.
Las horas de angustia, súplicas y publicaciones en redes sociales elevaron la presión sobre la EPS, que sólo hasta el 9 de febrero avaló su traslado a Bogotá para una atención más especializada. Pese a la persistencia del personal médico, Kevin murió.
/la fm
