El Centro de Detención Transitorio Norte, conocido como ‘La Norte’, ubicado en la carrera 5 entre calles 10 y 11 de Santa Marta, quedó sin personas privadas de la libertad luego de que los internos que permanecían en sus instalaciones fueran trasladados a otro lugar, en un procedimiento que contó con la participación de autoridades locales, la Alcaldía Distrital, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el Ministerio de Justicia y representantes del sector empresarial
El traslado se produjo después de varios meses en los que las condiciones de funcionamiento del centro transitorio fueron objeto de atención por parte de las autoridades, principalmente por el hacinamiento y los episodios de alteración del orden registrados en sus instalaciones, algunos de los cuales terminaron con fugas de internos y requirieron la intervención de la Policía.
Uno de los hechos más graves ocurrió en marzo de este año, cuando un motín registrado en ‘La Norte’ dejó un interno muerto y tres uniformados lesionados, además de una fuga masiva en la que, de acuerdo con información entregada en ese momento por la Alcaldía de Santa Marta, 34 personas privadas de la libertad lograron escapar del lugar.
Durante ese episodio se presentaron enfrentamientos entre internos y uniformados, lanzamiento de objetos y disparos, mientras las autoridades desplegaron un operativo para controlar la situación y posteriormente localizar y recapturar a las personas que habían escapado del centro de detención.
A esta situación se sumaban las advertencias realizadas anteriormente sobre el nivel de ocupación de ‘La Norte’. En 2025, una inspección de la Defensoría del Pueblo evidenció que el establecimiento albergaba más de 300 detenidos, pese a que su capacidad era cercana a las 100 personas, situación que puso nuevamente en discusión las condiciones de quienes permanecían recluidos allí.
Los problemas registrados en el centro también tuvieron repercusiones sobre la movilidad y la actividad comercial de la zona, debido a que su ubicación se encuentra en un sector de alta actividad comercial y turística del Centro Histórico de Santa Marta, donde funcionan establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y otros negocios.
Tras los hechos registrados en marzo, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, había solicitado al Gobierno nacional y al INPEC buscar alternativas para el traslado de las personas privadas de la libertad y resolver la situación del centro transitorio, ante los riesgos derivados de las condiciones de hacinamiento y los episodios de seguridad registrados en el establecimiento.
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