El Consejo Superior de la Judicatura advirtió al Congreso que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 deja a la Rama Judicial con $11,4 billones, pese a que había solicitado $17,5 billones.
De acuerdo con la misiva enviada a las Comisiones Terceras y Cuartas Conjuntas del Senado y la Cámara, el dinero faltante afecta principalmente los gastos de funcionamiento, para los cuales fueron solicitados $14,6 billones, pero el proyecto contempla $9,9 billones, es decir, $4,7 billones menos de lo requerido.
A esto se suma un faltante de $1,4 billones destinado al pago de obligaciones relacionadas con la deuda. Según la Judicatura, estos recursos estaban previstos para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, pero no fueron incluidos en el proyecto presentado al Congreso.
La preocupación de la Judicatura también está relacionada con que el aumento frente al presupuesto de 2026 es de 4,61%, una cifra que, según el organismo, no tiene en cuenta el efecto de la inflación prevista para este año.
Según el argumento, esto podría afectar especialmente los gastos que deben pagarse de manera permanente y cuyo costo aumenta con los precios y el salario mínimo.
En ese sentido, el Consejo Superior recordó que la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley Estatutaria 2430 de 2024, establece que el presupuesto de la Rama Judicial no puede disminuir en términos reales frente al año anterior, por lo que pidió al Congreso tener en cuenta la brecha de recursos durante la discusión del presupuesto de 2027.
Durante la sesión de la Cámara de Representantes en la que se discute el Presupuesto General de la Nación para 2027, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, explicó que la mayor afectación está en los gastos de funcionamiento, pues de los $14,6 billones solicitados para este componente, el proyecto solo contempla $9,9 billones.
Dentro de esta partida, la Judicatura también pidió $11,47 billones para gastos de personal, pero el proyecto asigna $9,2 billones, con una diferencia de cerca de $2,27 billones.
La presidenta explicó que estos recursos cubren, entre otros conceptos, la planta de 38.730 servidores judiciales con cargos permanentes, cuyo costo asciende a unos $8,2 billones.
También se requieren recursos para 7.715 cargos permanentes adicionales, con un costo de $1,57 billones, y 2.700 cargos transitorios, que representan cerca de $549.717 millones.
Según la presidenta, la necesidad de contar con el presupuesto solicitado responde al aumento de la demanda de justicia y a la creciente brecha entre los recursos requeridos y los asignados. Mientras la demanda aumentó 23,3% desde 2022, esa diferencia pasó del 20% al 32% en el mismo periodo, lo que, de acuerdo con sus cálculos, representa una deuda acumulada de $12,34 billones en los últimos cuatro años.
