Al cumplirse un mes del nuevo Gobierno, la FIP presentó la hoja de ruta para entender y combatir el problema de seguridad en Colombia, que para el 2025 superaba los 27 mil integrantes de grupos armados ilegales y los niveles más altos de impacto humanitario en los últimos 17 años.
Como primer análisis, la Fundación advirtió que aunque hay un déficit financiero y la fuerza pública parecer ser insuficiente para sostener la carga de la violencia, el principal problema radica en la manera fragmentada en que el Estado responde a la violencia. Es decir, aspectos como seguridad, justicia, política de paz, lucha contra las drogas y desarrollo territorial avanzan en tiempos dispares y con objetivos que no se comunican entre sí, mientras los grupos armados se organizan y actúan con mucha más rapidez.
Para explicarlo, la FIP señaló que Colombia pasó de siete a 14 zonas de disputa entre actores armados en los últimos cuatro años. En 2025, además, más de 96.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y cerca de 155.000 de confinamiento. Ambos frentes aumentaron un 85% y 12%, respectivamente, comparados con las cifras del 2024.
A esto se sumó el crecimiento de las estructuras ilegales, ya que cifras de la Fuerza Pública recogidas por la FIP durante 2025 señalaron que los grupos armados superaron los 27.000 integrantes y su incidencia se irradió a cerca de 621 municipios, lo que significó un aumento de 21,4% frente al año anterior.
El informe atribuyó parte de esa expansión al reclutamiento y a formas de organización menos jerárquicas, que permiten a las estructuras recomponerse con mayor facilidad y abarcar muchos más territorios.
La FIP identificó seis problemas principales detrás de este escenario. Además de la expansión de las zonas de confrontación y del control territorial ilegal, señaló el crecimiento y fragmentación de los grupos armados, la diversificación de sus fuentes de financiación, el uso de nuevas tecnologías y una respuesta estatal que no ha logrado adaptarse a ese mismo ritmo.
En materia económica, el informe advirtió que las organizaciones ilegales diversificaron sus ingresos económicos con actividades como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y otras actividades que se combinaron con negocios legales y redes financieras, lo que les permitió distribuir riesgos y mantener sus estructuras incluso cuando el Estado afecta alguno de sus ingresos.
Ese mayor poder adquisitivo les ha permitido, a su vez, hacerse de la tecnología, incursionando en el uso creciente de drones, comunicaciones sofisticadas y conectividad satelital para mejorar vigilancia, movilidad y capacidad de ataque, mientras las redes sociales y las plataformas de mensajería fueron utilizadas para propaganda, reclutamiento y coordinación.
Frente a este panorama, la FIP propuso reorganizar la ruta alrededor de cuatro objetivos que deben funcionar conjuntamente: proteger a la población civil, contener la expansión de los grupos armados, recuperar el control territorial e institucional y fortalecer la justicia y la Fuerza Pública.
Para la protección de civiles, la FIP sugirió concentrar la intervención estatal en las tres regiones con mayor impacto humanitario e identificar dentro de ellas corredores, centros poblados, rutas de abastecimiento y otros puntos estratégicos.
También planteó establecer puntos de permanencia militar destinados a disuadir la violencia y proteger a la población, no como posiciones ofensivas. Como referencia, menciona los efectos de la Operación Perseo en El Plateado, Cauca.
La segunda apuesta fue la de cambiar la manera de perseguir a las organizaciones armadas, al argumentar que en lugar de concentrar los esfuerzos exclusivamente en los máximos jefes, sería más efectivo identificar los llamados «nodos funcionales» que permiten mantener en operación a estas estructuras.
Incluidos mandos intermedios, operadores logísticos, financiadores, reclutadores e instructores relacionados con tecnologías como los drones.
En las fronteras, particularmente con Venezuela, la FIP propuso una estrategia sostenida que combinara presión sobre corredores, economías y redes logísticas en Colombia con cooperación binacional. El propósito, según el documento, sería reducir el papel que Venezuela cumple como retaguardia, zona de refugio y plataforma de financiación para organizaciones como el ELN y las disidencias.
El tercer frente apuntaría a recuperar la capacidad del Estado para gobernar los territorios donde los grupos armados han terminado imponiendo reglas sobre la vida cotidiana. La propuesta incluye concentrar recursos en núcleos estratégicos y dar continuidad a programas que ya existen, entre ellos los PDET, el PNIS, Renhacemos, Maquetas de Paz y la Misión Cauca, en lugar de multiplicar nuevos programas.
En cuanto al cuarto objetivo, el informe señaló que menos del 60% de la flota y capacidad aérea del sector Defensa que está operativa recupere capacidades de movilidad, mantenimiento, combustible e interoperabilidad para sostener operaciones, transportar funcionarios y responder a emergencias en zonas rurales y de frontera.
En paralelo, sugirió transformar la política criminal para que el éxito no se mida principalmente por el número de capturas, imputaciones o incautaciones. La FIP planteó utilizar investigaciones de mayor alcance para afectar estructuras, rentas ilícitas, corrupción y mecanismos de control territorial.
Es decir, en lugar de evaluar únicamente cuántas operaciones realiza, propuso observar si disminuyen los desplazamientos y confinamientos, si se detiene el crecimiento de los grupos armados, si pierden influencia territorial y si el Estado recupera capacidad efectiva de regulación en zonas priorizadas.
