Hay palabras nuestras, muy colombianas, que dicen más que el diccionario. “Rosca” es una de ellas. Alrededor del poder suele significar intereses personales, influencias, favoritismo, privilegios, selección a dedo y ese toma y dame que desplaza el mérito y tuerce las reglas.
Las roscas, cuando se convierten en redes de influencia, politiquería y pago de favores, son cabeza y cola de buena parte de nuestra corrupción institucional endémica. Por eso creo que el presidente Abelardo De la Espriella dio justo en el clavo en el último Consejo de Ministros al ordenar revisar a fondo la contratación estatal: quiénes contratan, desde cuándo, con qué entidades, a qué costos y con qué resultados.
Por ahí es la cosa.
La contratación pública es terreno fértil para la gran corrupción cuando responde a amistades, vínculos familiares, compromisos políticos o intereses particulares. El contrato direccionado, la licitación hecha a la medida, la selección a dedo, el mismo contratista de siempre, la interventoría complaciente: conocemos demasiado bien esa historia en todos los niveles de la vida nacional.
El dinero que allí se pierde sale de nuestros bolsillos y del esfuerzo de millones de colombianos, a través de los impuestos. Es dinero que pudo convertirse en hospitales, escuelas, carreteras o seguridad ciudadana.
Seguir la ruta de los contratos es importante. El anunciado “mapa de concentración contractual”, para saber quién ha contratado recurrentemente con el Estado, cuánto ha recibido y cómo fue escogido, apunta en esa dirección. El sorteo abierto para liquidadores y asesores externos ayudaría a reemplazar el padrinazgo por un mecanismo público y transparente.
Seguir la ruta del enriquecimiento puede ser todavía más revelador. Basta comparar el patrimonio con que un funcionario o político llegó al servicio público con el que tiene pocos años después. La DIAN y los organismos de control pueden hacerlo y extender el seguimiento, como establece la ley, al cónyuge o compañero permanente y a los hijos y, cuando haya razones, a familiares, socios o terceros vinculados. Tampoco podemos ser ingenuos ante la vieja costumbre de poner a nombre de otros lo difícil de justificar a nombre propio.
Romper las roscas y devolverle transparencia a la administración pública fue una promesa de campaña que comienza a concretarse. Gobernadores y alcaldes deben acompañar al presidente. También las instituciones donde se administren recursos colectivos o se ejerza poder. Colombia ya tiene un Estatuto Anticorrupción. Hay que actualizarlo donde sea necesario y, sobre todo, hacerlo cumplir.
Me parece igualmente acertado revisar el sistema de multas, grúas y patios. Las normas de tránsito deben respetarse, sí. Pero las sanciones arbitrarias o desproporcionadas y los negocios creados alrededor de ellas abren espacios para el abuso y la corrupción. Ese mal llamado principio de las multas ejemplarizantes termina siendo una manera abusiva de sacarle dinero al ciudadano común, indefenso ante el poder coercitivo de la autoridad.
Creo interpretar un sentimiento que comparten los colombianos sin distingo social ni político. Estamos cansados de que para obtener un contrato, conseguir un empleo, un trámite justo o hacer valer un derecho haya que conocer a alguien, buscar un padrino o entrar en determinada rosca.
Colombia se acostumbró a creer que las roscas formaban parte del sistema y eran indestructibles. Hasta hay un dicho, también muy nuestro: “lo malo de las roscas es no pertenecer a ellas”. Tal vez ha llegado la hora de demostrar que no lo son. “Hay que romper la rosca”, dijo el presidente en Barranquilla. En apenas tres semanas de gobierno ha dado razones para tomar en serio esa determinación.
Por eso tengo confianza en el presidente, en nuestro vicepresidente y en un gabinete que ha mostrado decisión. Estamos bien encaminados para romper las viejas roscas del poder y combatir de verdad la corrupción.
Sería una buena manera de devolverle a la gente decente, que somos mayoría, la confianza en su país.
*Economista*Analista Internacional
