Una iniciativa que se tramitó en la legislatura pasada fue retomada en la Cámara de Representantes, con la cual el representante Franklin Lozano (conservador), busca favorecer el descanso y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, establecer que las instituciones educativas del país no puedan iniciar su jornada escolar antes de las 7:00 de la mañana.
Lozano, indicó que se pretende ajustar los horarios escolares teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y su desarrollo integral. Estima que así se “protege la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes, mejorar su rendimiento académico y adaptar la jornada escolar a la evidencia científica sobre el sueño y el aprendizaje”.
Para el congresista del Magdalena, es necesario además reorganizar las clases en bloques pedagógicos de 45 minutos, sin reducir las horas de estudio, “no podemos seguir obligando a nuestros niños a levantarse cuando aún es de madrugada para ir al colegio. Dormir bien también es aprender mejor”.
Lozano señaló que además se busca aliviar la carga que los horarios escolares tempranos representan para millones de familias colombianas, especialmente aquellas cuyos hijos deben salir de casa desde las 4:30 o 5:00 de la mañana para llegar a clases.
Por otro lado los representantes a la Cámara Delcy Isaza, Cathy Juvinao, Santiago Barreto y Heráclito Landínez, ante la crisis que obliga a las familias a esperar más de 500 días para resolver un proceso de alimentos y deja deudas promedio de 22 millones de pesos por demandado, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar una respuesta judicial rápida y efectiva frente al incumplimiento de las cuotas alimentarias.
El proyecto propone la creación del Proceso Único Especial de Amparo Alimentario, un mecanismo similar a la acción de tutela que permitirá exigir el pago cuando el deudor acumule sin pagar tres cuotas mensuales consecutivas o seis cuotas incumplidas de manera discontinua.
Una vez presentada la demanda, el juez tendrá 48 horas para decidir si la admite. Las partes contarán con un plazo máximo de cinco días para presentar y revisar las pruebas, y el juez tendrá otros cinco días hábiles para tomar una decisión. Si ordena el pago, el deudor deberá cumplir de inmediato; de lo contrario, podrá enfrentar sanciones por desacato y el dinero podrá ser descontado directamente de su salario.
Para la representante Delcy Isaza, «el proyecto responde a una realidad que golpea especialmente a las mujeres y a los hogares monoparentales. Actualmente, ellas promueven el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria, frente al 8 % iniciado por hombres, lo que evidencia una profunda brecha de género y una forma persistente de violencia económica».
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