El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efectos las resoluciones con las que la Superintendencia de la Economía Solidaria había prorrogado la intervención de la Cooperativa Coosalud, y ordenó que su administración sea entregada nuevamente a la Asamblea General de Delegados, en un término de máximo cinco días hábiles.
El juez consideró que la Superintendencia no explicó de manera suficiente por qué era necesario prolongar una intervención que, por su naturaleza, debía ser temporal y estar orientada a recuperar la cooperativa.
En particular, cuestionó que las mismas dificultades que dieron origen a la toma de posesión pudieran utilizarse posteriormente, sin una justificación adicional, para mantenerla.
“La sola constatación de que subsistían actuaciones pendientes no explica, por sí misma, por qué la prolongación de la intervención constituía la medida necesaria para superarlas”, señaló el despacho en la sentencia.
El fallo también ordenó al agente especial interventor, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, que en un plazo máximo de cinco días hábiles entregue la información y los bienes de carácter material, contable, financiero y administrativo a los integrantes de la Asamblea General de Delegados vigente.
Estos deberán asumir transitoriamente la dirección de la cooperativa y, conforme a sus estatutos, convocar una reunión extraordinaria para definir los órganos de administración correspondientes.
Los accionantes de la tutela bajo la cual se determinó el fallo, sostuvieron que la medida de intervención, que inicialmente tenía un propósito de diagnóstico y posteriormente pasó a una toma de posesión para administrar la cooperativa, no habría cumplido con el objetivo de recuperación previsto.
También señalaron que durante el proceso se produjeron cambios de agente especial y que persistían dificultades en diferentes áreas de la entidad.
Según la tutela, estos llevaban aproximadamente 19 meses sin poder retirar sus ahorros, mientras permanecía suspendido el pago de algunas acreencias de la cooperativa.
Además de ordenar el levantamiento de las resoluciones cuestionadas y la entrega de la administración, el juzgado dispuso que el agente interventor publique la sentencia en un lugar visible de las oficinas de la cooperativa y la remita a la Cámara de Comercio de Cartagena para garantizar el acceso a la información sobre la decisión.
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