Entre 2022 y 2025 se reportaron en Colombia 10.942 casos de negligencia y abandono de personas mayores, principalmente en centros hospitalarios, según un reciente diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo sobre abandono e institucionalización prolongada en el país.
Según los registros territoriales entregados por las alcaldías de los 1.103 municipios del país, la cifra más reciente habla de por lo menos 7.891 personas mayores en situación de abandono que permanecen institucionalizadas. De ese grupo, 4.941 llevaban más de un año en una institución.
A lo anterior, se suman las cifras de personas con discapacidad que, para el momento del informe, permanecían de manera permanente en instituciones, que ascendió a 17.362 de las cuales 12.184 no tenían ninguna red de apoyo identificada.
En paralelo, los municipios con mayor registro de personas con discapacidad psicosocial, reportaron 12.450 personas institucionalizadas. Además, el 55% de las administraciones que participaron en la consulta (303 de 551) reconoció tener personas institucionalizadas sin una red familiar o de apoyo externo identificada.
De estos municipios, solo 197 reportaron contar con presupuesto para programas de cuidado comunitario y apenas 137 dijeron tener alternativas como vivienda asistida, hogares sustitutos o redes de cuidado domiciliario. En contraste, 412 municipios, equivalentes al 75%, reconocieron que su oferta de servicios comunitarios es insuficiente.
Uno de los principales problemas identificados por los organismos de control es que, en muchos casos, la falta de alternativas termina prolongando la permanencia de estas personas en hospitales, centros psiquiátricos o instituciones de larga estancia, incluso cuando la atención institucional no debería convertirse en la única opción para garantizar su cuidado.
Entre las dificultades que encontraron están la falta de recursos, la poca oferta de servicios de cuidado, la desarticulación entre las entidades y las diferencias en la capacidad de respuesta de los territorios.
También señalaron que solo 47% de los municipios consultados cuenta con una ruta o protocolo formal para revisar si una persona debe continuar institucionalizada, si tiene red de apoyo o si se encuentra en abandono.
/colprensa
