La Procuraduría pidió revisar medidas para reducir los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico por la disminución de los caudales, las altas temperaturas y una posible intensificación del fenómeno de El Niño, tras una mesa técnica con Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Durante el encuentro fueron analizadas medidas para garantizar la continuidad del servicio de energía, reducir los efectos financieros sobre las empresas del sector y evaluar el impacto que una mayor exposición al mercado energético podría tener sobre las tarifas que pagan los usuarios.
La Procuraduría señaló que los riesgos no están relacionados únicamente con las condiciones climáticas, sino también con dificultades estructurales del sector, entre ellas la limitada entrada de nuevos proyectos de generación, las restricciones para su desarrollo, la dependencia de combustibles de mayor costo y las dificultades financieras que enfrentan algunas empresas.
Ante este escenario, el Ministerio Público planteó la necesidad de diferenciar las medidas inmediatas para enfrentar una eventual reducción de la disponibilidad hídrica de las decisiones regulatorias, normativas y de planeación que deberán adoptarse a mediano y largo plazo.
Según información del Ministerio Público, durante la mesa, EPM presentó alternativas para disminuir el riesgo de racionamiento y contener los efectos financieros y tarifarios asociados al aumento de los precios de la energía.
La Procuraduría solicitó que estas propuestas sean evaluadas por las autoridades competentes dentro de la mesa integral del sector energético, teniendo en cuenta aspectos técnicos, financieros, ambientales y sociales, especialmente las condiciones de los usuarios de las regiones con mayores dificultades para asumir el pago del servicio.
La reunión también abordó la operación del embalse de Hidroituango y la posibilidad de aumentar de manera gradual su nivel con el propósito de contar con mayores reservas de agua y capacidad de generación durante los meses de menor disponibilidad hídrica.
Según informó EPM, la empresa adelanta gestiones ante la autoridad ambiental para compatibilizar este proceso con la remoción de cobertura vegetal y las obligaciones establecidas en la licencia ambiental.
La Procuraduría anunció que hará seguimiento a esta actuación y solicitará información sobre las decisiones que se adopten, particularmente en materia de protección ambiental, manejo del riesgo y seguridad de la infraestructura.
