El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de nulidad electoral contra la elección del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo, pero negó la solicitud para suspender provisionalmente los efectos de la elección mientras avanza el proceso.
La demanda cuestiona la elección por una presunta violencia psicológica ejercida durante la campaña contra sectores políticos y sociales que no respaldaban la candidatura de De la Espriella.
Entre los hechos señalados por el demandante están distintas expresiones atribuidas al entonces candidato, entre ellas referencias a «destripar», «extirpar», «dar de baja» y calificar a algunos sectores como «enemigos de la República».
Al estudiar la solicitud de suspensión provisional, la Sección Quinta explicó que la violencia psicológica puede constituir una causal de nulidad electoral.
Sin embargo, señaló que no basta con demostrar que determinadas expresiones fueron pronunciadas durante una campaña para concluir que estas afectaron la validez de una elección.
Para que esa causal tenga efectos sobre el resultado electoral, debe establecerse además que las conductas denunciadas tuvieron la capacidad de afectar la voluntad de los electores y que esa afectación pudo incidir en el resultado de los comicios.
La demanda también cuestionó otros elementos de la campaña, como el uso de símbolos nacionales y la narrativa del denominado «voto fusil». Sin embargo, la Sección Quinta precisó que estos aspectos no fueron utilizados como fundamento de la solicitud de suspensión provisional y, por ello, su análisis corresponderá a una etapa posterior del proceso.
El Consejo de Estado también analizó un informe presentado por el Colectivo Psicosocial Colombiano (COPSICO) sobre la denominada narrativa violenta de la campaña.
La Sala señaló que el propio demandante pidió ampliar ese informe y recaudar nuevas pruebas para determinar el alcance, exposición, repetición y posible incidencia de los mensajes. Por eso, concluyó que todavía no existían elementos suficientes para establecer el vínculo entre los discursos cuestionados y el resultado de la elección.
El expediente señala además que la demanda fue respaldada, según afirmó el accionante, por un listado de más de un millón de ciudadanos.
No obstante, el Consejo de Estado negó que esas 1.044.793 personas fueran reconocidas como coadyuvantes, debido a que el archivo aportado no permitía establecer que cada una hubiera manifestado expresamente su intención de intervenir en el proceso ni las razones para respaldar la demanda.
