Este jueves la Fiscalía llamará a juicio a 2 exfuncionarios clave del Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Por un lado, la Fiscalía acusará y llamará a juicio a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público,según su participación
La imputación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar el viceministerio de Juventudes en el liquidado Ministerio de la Igualdad, un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.
La Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.
Contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José, “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.
Por otro lado, hoy se llamará a juicio a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.
De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como Presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.
Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera.
Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra del inmueble en la capital del país.
De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
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