José Ramiro Cárdenas Iguarán, conocido como alias ‘Titi Iguarán’, deberá cumplir 25 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en operaciones de tráfico internacional de cocaína. El proceso incluyó una investigación sobre cargamentos movilizados por rutas marítimas hacia distintos países.
José Ramiro Cárdenas Iguarán, conocido con los alias de ‘Titi’, ‘Señor’ y ‘Jefe’, fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión federal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína, decisión adoptada por una jueza del Distrito Medio de Florida luego de que el ciudadano colombiano aceptara su responsabilidad en varios hechos relacionados con el envío de estupefacientes por vía marítima.
La sentencia fue impuesta por la jueza federal Charlene Edwards Honeywell, quien tenía a su cargo el proceso contra Cárdenas Iguarán. El expediente judicial establece que el colombiano se declaró culpable el 25 de noviembre de 2025, mientras que la audiencia de imposición de la pena quedó registrada en el calendario oficial de la Corte para agosto de 2026.
El caso que terminó con la condena tiene como uno de sus principales episodios la interceptación, en agosto de 2017, del buque M/V Fat Crow por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales. En la embarcación fueron encontrados aproximadamente 1.500 kilogramos de cocaína y nueve personas fueron detenidas como parte del procedimiento.
Durante el proceso judicial, Cárdenas Iguarán reconoció su participación en la planificación y logística de aquella operación, además de admitir que había intervenido en otros movimientos de cocaína destinados al mercado internacional. Según la acusación, también habría incorporado cargamentos propios dentro de operaciones coordinadas con otros traficantes, llegando a reconocer la propiedad de cientos de kilogramos de cocaína transportados en diferentes envíos.
Las autoridades estadounidenses también relacionaron al procesado con otras operaciones de narcotráfico que tuvieron como destino República Dominicana y Puerto Rico, hechos que hicieron parte de las conductas reconocidas durante el proceso adelantado en ese país.
La trayectoria de Cárdenas Iguarán ya era seguida por las autoridades colombianas antes de su llegada a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia documentó que el Gobierno estadounidense había solicitado su detención con fines de extradición por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, mientras que su captura se produjo en Valledupar, en junio de 2021, durante el procedimiento adelantado para hacer efectiva la solicitud de extradición.
De acuerdo con las investigaciones conocidas en Colombia, Cárdenas Iguarán era señalado como uno de los principales integrantes de una organización criminal que tenía presencia en La Guajira y el Cesar. Las autoridades le atribuyeron el manejo de rutas utilizadas para movilizar cocaína desde diferentes zonas del país hasta la Alta Guajira, desde donde posteriormente los cargamentos eran enviados por vía marítima hacia otros países.
El señalado capo permaneció recluido durante varios años en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba el trámite de extradición. Finalmente, el 13 de marzo de 2025 fue trasladado a Estados Unidos junto con otros ciudadanos requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico. Para ese momento, medios nacionales lo identificaban como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal con operaciones entre La Guajira y el Cesar.
La investigación que terminó con su condena contó con la participación de autoridades estadounidenses y colombianas, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA) y unidades de la Policía Nacional. El expediente de extradición tramitado en Colombia también dejó constancia de que la justicia estadounidense lo requería para responder por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Con la sentencia, Cárdenas Iguarán deberá cumplir 25 años de prisión en Estados Unidos por los delitos que reconoció ante la justicia de ese país, poniendo fin a un proceso que comenzó con investigaciones sobre el tráfico marítimo de cocaína y que posteriormente derivó en su captura en Colombia, su extradición y finalmente la imposición de una pena federal.
