La defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que formuló advertencias y recomendaciones frente a posibles riesgos para los derechos humanos, la protesta social, la libertad de prensa y la implementación del Acuerdo de Paz, según algunas decisiones anunciadas por su gobierno.
Para empezar, la defensora cuestionó declaraciones de de la Espriella en las que diferenció entre periodistas y quienes considera “activistas”, y recordó que el jefe de Estado debe proteger el ejercicio periodístico, incluso cuando sea crítico de su administración.
“Le solicito garantizar la libertad de prensa, de expresión y de información”, señaló Marín, quien pidió evitar declaraciones o actuaciones que puedan propiciar escenarios de estigmatización, persecución o violencia contra periodistas.
La funcionaria también se refirió al anuncio del equipo del presidente electo de regresar a un modelo similar al del antiguo Esmad para atender disturbios durante las manifestaciones. Recordó que esa norma surgió del cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia y pidió que cualquier modificación respete las directrices fijadas en esa decisión judicial.
Además, Marín cuestionó los señalamientos de de la Espriella contra el senador Iván Cepeda relacionados con una eventual estimulación de la violencia. Según la defensora, esa advertencia “parece infundada” y podría generar asociaciones que estigmaticen o pongan en riesgo a sectores opositores.
En la misiva, Marín le pidió al mandatario electo evaluar la designación del próximo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por considerar que se deben revisar antiguas publicaciones del funcionario elegido con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición.
La carta también expresó preocupación por la anunciada reestructuración de la Presidencia que eliminaría la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como instancias encargadas de liderar la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Marín recordó que el cumplimiento del Acuerdo constituye una obligación constitucional para las autoridades y recomendó que cualquier reorganización cuente con un plan público de transición que establezca qué entidades asumirán las funciones y cómo se evitará la interrupción de los programas en curso.
La Defensora se pronunció además sobre la eventual derogatoria de normas relacionadas con las Entidades Territoriales Indígenas y los anuncios de retomar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito mediante bioherbicidas, modificar el licenciamiento ambiental y la consulta previa y reactivar el fracking.
Frente a la fumigación, solicitó informar públicamente cuáles sustancias pretende utilizar el nuevo Gobierno para evaluar su viabilidad jurídica y ambiental.
Frente a todas las preocupaciones expuestas, Marín ofreció acompañamiento institucional al próximo Gobierno y propuso instalar durante los primeros días del mandato un canal de trabajo entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría para analizar estas preocupaciones y hacer seguimiento a las decisiones relacionadas con derechos humanos.
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