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El Ministerio de Ambiente lanzó la Política Nacional del Agua 2026-2050, un documento que deroga la normativa vigente desde 2010 y establece un nuevo marco para la gestión del recurso hídrico con énfasis en la justicia ambiental, la gobernanza adaptativa y el reconocimiento del agua como bien común.
La política responde al mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y modifica el enfoque anterior, al pasar de una gestión centrada exclusivamente en el recurso hídrico a una visión integral que vincula el agua con el ordenamiento territorial, la protección de ecosistemas y la garantía progresiva del derecho al agua y al saneamiento.
«Proteger el agua es proteger la vida, garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la capacidad de Colombia para enfrentar la crisis climática. Esta hoja de ruta nos permite cuidar nuestro patrimonio hídrico con una visión de largo plazo, justicia hídrica, justicia ambiental y corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y todos los sectores de la sociedad», afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.
El documento se estructura en cuatro pilares estratégicos. El primero, denominado «Gobernanza y conocimiento para la justicia ambiental e hídrica», busca fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación entre actores; el segundo, «Agua para la vida», se orienta a conservar y restaurar los ecosistemas que sostienen el ciclo hídrico.
El tercero, «Agua para la gente», prioriza el acceso, la calidad y el uso sostenible del recurso para el bienestar de la población; y el cuarto, «Agua para la adaptación, la transición y la gestión del riesgo», apunta a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.
La formulación de la política incluyó un proceso participativo en el que participaron más de 1.131 personas a través de más de 40 espacios territoriales y sectoriales. En total se desarrollaron 19 espacios para el diagnóstico y 24 para la formulación, con una participación femenina del 54%. Durante la consulta pública, el Ministerio respondió 1.308 observaciones presentadas por comunidades, academia, autoridades ambientales, cooperación internacional y sectores productivos.
Entre los participantes figuraron pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, organizaciones sociales, acueductos comunitarios, mujeres, jóvenes, gremios, empresas, entidades territoriales e institutos de investigación.
BOGOTÁ, (Colprensa).
