El excongresista Luis Fernando Almario Rojas no aceptó responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad por los que se le señala y se declaró inocente ante la JEP, durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional que se realizará en su contra.
Durante la diligencia, el excongresista aseguró que no podía reconocer los cargos porque, según afirmó, es inocente de los hechos por los que fue acusado.
«Soy inocente de todos los cargos que hay en el escrito de acusación y, de acuerdo con la verdad, no puedo aceptar cargos porque sería faltar a ella», manifestó Almario ante los magistrados.
Incluso reconoció que aceptar responsabilidad habría significado un desenlace procesal más favorable, pero insistió en que esa no era una opción porque, según dijo, no corresponde a la verdad de los hechos.
«Si yo aceptara la responsabilidad, sé que se acabaría este proceso (…). Si yo fuera culpable, sería una buena vía, pero como soy inocente, mi verdad es que soy inocente. Entonces no acepto ninguno de los cargos», agregó.
La Unidad de Investigación y Acusación acusa al excongresista de haber actuado como presunto coautor de un plan coordinado con las extintas Farc-EP para perseguir y eliminar al denominado grupo político de la familia Turbay Cote, con el propósito de consolidar el control político del departamento de Caquetá.
Según el escrito de acusación, esa estrategia habría derivado en el asesinato, secuestro y desplazamiento de al menos 30 líderes, simpatizantes y colaboradores de ese movimiento político, entre ellos seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.
Durante la audiencia preparatoria, la JEP avanzó en la definición de las pruebas que serán practicadas durante el juicio oral, etapa en la que tanto la Fiscalía de la jurisdicción, a través de la UIA, como la defensa presentarán sus elementos probatorios y testimonios para sustentar sus posiciones.
En la diligencia, la Unidad de Investigación y Acusación anunció que solicitará la práctica de varias pruebas con las que buscará sustentar su hipótesis sobre la presunta participación de Almario en un plan coordinado con las extintas Farc.
Entre ellas figura el testimonio de Constanza Turbay, quien declarará sobre el secuestro y asesinato de su hermano, así como sobre la información que conoció respecto a la supuesta intervención del excongresista en esos hechos.
También pidió incorporar videos y registros de las declaraciones que la víctima entregó tras reunirse en La Habana con los excomandantes guerrilleros Iván Márquez y Fabián Ramírez, en las que ambos se refirieron a los crímenes cometidos contra su familia.
Asimismo, la UIA pretende llevar al juicio las versiones rendidas por antiguos integrantes de las Farc, entre ellos Fabián Ramírez, al considerar que respaldan la tesis de una presunta coordinación entre la antigua guerrilla y Almario.
A ese material se suman procesos penales relacionados con las víctimas y expedientes sobre homicidios como el de Edilberto Hidalgo Anturi, que, según la acusación, servirían para demostrar que existió un ataque sistemático contra integrantes del denominado movimiento turbayista con el propósito de consolidar el control político del departamento del Caquetá.
El proceso se convirtió en el primero que llega a un juicio adversarial transicional por conductas atribuidas a las antiguas Farc-EP. Esta vía aplica para los comparecientes que deciden no reconocer responsabilidad y optan por controvertir las acusaciones en un juicio.
El caso llegó a esta etapa después de que, en abril de este año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento rechazara una nueva solicitud de nulidad presentada por la defensa de Almario, al considerar que buscaba reabrir debates ya resueltos y prolongar el inicio del juicio.
De ser hallado responsable al término del proceso, el excongresista podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, prevista para quienes comparecen ante la JEP y no reconocen verdad ni responsabilidad.
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