La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia presentó el balance de sus primeros ocho años de funcionamiento, periodo en el que tramitó 522 procesos contra funcionarios públicos y profirió 161 sentencias, de las cuales 80 fueron condenatorias, 50 absolutorias y 31 mixtas.
Según el balance presentado, al iniciar funciones la Sala recibió 137 procesos trasladados desde la Sala de Casación Penal. Entre 2018 y lo corrido de 2026 ingresaron otros expedientes, hasta completar 522 procesos, de los cuales 143 terminaron por preclusión, 161 concluyeron con sentencia y 185 permanecen activos.
En cuanto a decisiones judiciales, la Sala reportó ocho condenas y siete absoluciones contra otros servidores públicos; 29 condenas y siete absoluciones contra congresistas, y seis condenas contra militares y altos mandos de la Fuerza Pública.
Según la rendición de cuentas, la actividad judicial se mantuvo durante la pandemia. En total, entre 2018 y 2026, la Sala realizó 1.908 audiencias, incluidas 190 diligencias virtuales desarrolladas durante 2020.
Respecto a los delitos con mayor incidencia, la Corte informó que, en el caso de los congresistas, el concierto para delinquir fue el ilícito que registró el mayor número de condenas, con 13 decisiones, seguido por interés indebido en la celebración de contratos con nueve, peculado con siete y cohecho con seis.
En cuanto a los gobernadores procesados, los delitos más frecuentes fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales con 50 procesos, peculado con 39, falsedad documental con ocho y concierto para delinquir con siete.
Entre los servidores judiciales, las conductas más recurrentes correspondieron a prevaricato por acción con 10, cohecho con nueve, prevaricato por omisión con ocho y falsedad documental con tres.
Durante estos ocho años, la Sala ha emitido decisiones en procesos relacionados con casos de corrupción como el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, irregularidades en contratos de dotación escolar en Chocó, el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y hechos de corrupción judicial en Boyacá, además de fallos sobre perspectiva de género y valoración probatoria libre de estereotipos.
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