El pasado 4 de julio se cumplieron treinta y cinco años desde la culminación de las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente cuyos integrantes fueron elegidos por el pueblo el 9 de diciembre de 1990. En su seno fue aprobada la Constitución de 1991 que nos rige, democrática, participativa, pluralista, garantista y protectora de las libertades públicas, de los derechos humanos, de los derechos sociales y colectivos.
El nuevo ordenamiento tuvo como propósitos esenciales el fortalecimiento de la unidad nacional, nuestra soberanía e independencia, e igualmente, asegurar a todos los habitantes de nuestro territorio la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, según reza el preámbulo constitucional. Al tenor de su artículo 1, plasma un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Son sus fundamentos: el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
Quienes presidieron la Asamblea -los delegatarios Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf- prestaron un inolvidable juramento, ante Dios y ante el pueblo colombiano, haciendo entrega del texto aprobado, que entró en vigor el 7 de julio de 1991, día en que fue promulgado. A partir de entonces, como lo declara su artículo 380, quedó derogada la Constitución hasta entonces vigente -la de 1886- con todas sus reformas.
La Constitución fue el resultado exitoso de un ejemplar proceso de integración, de origen popular. Los constituyentes pertenecían a distintos partidos y orientaciones políticas, pero, dentro de un concepto esencialmente democrático, lograron el consenso, para restaurar un orden jurídico esencial, tras una época muy difícil, en que las instituciones habían sufrido deterioro en muchos aspectos, especialmente por la violencia y los crímenes provenientes de los carteles del narcotráfico.
Aunque el Congreso, por la vía de actos legislativos, ha introducido al texto constitucional sesenta y cuatro reformas, muchas de ellas innecesarias y coyunturales, sus valores y fundamentos esenciales permanecen a plenitud y es indispensable que, en bien de nuestra democracia, por encima de la nefasta polarización política -que, infortunadamente, no ha sido superada por el proceso electoral que acaba de culminar-, entendamos que Colombia tiene una Constitución cuyos valores y postulados deben ser realizados, en bien del pueblo.
A ello se deben comprometer tanto el nuevo gobierno como el Congreso y la oposición, superando las frases altisonantes, los enfrentamientos y las mutuas ofensas, para cristalizar los objetivos del Estado Social de Derecho y realizar ese orden justo que la Constitución proclama, en procura del bien común, buscando la igualdad y la justicia.
El llamado, entonces, en la celebración de estos treinta y cinco años, es a la sensatez y a la sindéresis. Empeñémonos en la búsqueda de los valores plasmados en la Constitución, en un contexto razonable. Sin perjuicio de las diferencias políticas e ideológicas -que son respetables-, busquemos el diálogo y la concertación, con miras al beneficio de todo el pueblo colombiano, como nos lo enseñaron los constituyentes de 1991.
*Exmagistrado*Profesor universitario
