El próximo 15 de agosto iniciará la fase formal de ejecución de las primeras sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a un total de 19 máximos responsables, pertenecientes tanto al último Secretariado de las extintas Farc como a la fuerza pública.
El arranque de estas medidas se da luego de que quedaran en firme las dos primeras sentencias condenatorias de la magistratura y de que el Ejecutivo expidiera el marco normativo y presupuestal para viabilizar su cumplimiento.
Entre los sancionados se encuentran siete antiguos mandos guerrilleros responsabilizados por secuestro y otros crímenes conexos, así como 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ del Ejército, vinculados a casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados de forma ilegítima como bajas en combate en la región Caribe.
Para dar sostenibilidad material a los denominados Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR), la Presidencia de la República adoptó el Decreto 0652 del 26 de junio de 2026.
Este instrumento adiciona un capítulo especial al Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia con el objetivo de definir el régimen de asegurabilidad, salud y logística indispensable para que los comparecientes laboren en condiciones de dignidad, sin que esto represente contraprestación económica o vínculo laboral de ninguna índole.
A nivel presupuestal, el Ejecutivo asignó una partida inicial de $50.000 millones para el arranque de los primeros proyectos, con el compromiso de incorporar los recursos requeridos en las próximas vigencias fiscales para salvaguardar la continuidad de las obras.
Los proyectos contemplan acciones concretas en las zonas de influencia tales como desminado humanitario, construcción de infraestructura comunitaria, iniciativas productivas locales y labores de apoyo en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
El decreto hace especial énfasis en que, si bien las sanciones implican restricciones efectivas a libertades y derechos fundamentales fijadas judicialmente por la JEP, el Estado mantiene la obligación de garantizar la integridad física, la seguridad y el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los ejecutores, asimilando las tareas a actividades de riesgo reguladas bajo pólizas civiles específicas.
Por la naturaleza y trascendencia del proceso, el cumplimiento de lo dispuesto no solo contará con el monitoreo judicial interno de la Sección con Reconocimiento de Verdad de la JEP y el Ministerio Público, sino que, la implementación tendrá un riguroso componente de verificación internacional integrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).
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