Un principio básico y elemental de la economía y la administración -en especial si se trata de la cosa pública- consiste en evitar las inversiones y los gastos innecesarios. En cuanto corresponde al interés general -el de toda la colectividad- los gobiernos deben establecer prioridades, de modo que el gasto se dirija, ante todo, a lo más urgente e inaplazable y a todo aquello que se requiera para atender los derechos fundamentales de las personas, las necesidades de las familias y comunidades en materia de protección, salud, alimentación, ambiente, seguridad social, educación, vivienda, orden público y muchas otras. En eso consiste una buena administración.
Por ello, la Constitución colombiana establece, desde su preámbulo, que el logro de los objetivos, valores y principios buscados por la colectividad debe tener lugar “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
En concordancia con ello, el artículo 113 de la Carta Política ordena a las ramas y órganos del poder público mantener su independencia y respetar el equilibrio -cada uno dentro de sus funciones y atribuciones-, pero advierte que deben colaborar armónicamente “para la realización de sus fines”.
Por su parte, el artículo 334 confía al Estado la dirección general de la economía y dispone que debe intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, con unos objetivos: racionalizar la economía -someterla a la razón, no al capricho-, para conseguir, en el plano nacional y territorial y en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
Dice también que la sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar los objetivos del Estado Social de Derecho. Agrega que, en cualquier caso, el gasto público social será prioritario. El Estado, según la norma, ha de intervenir de manera especial para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
Según ese precepto, la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
Recordamos esa preceptiva, ante los anuncios del presidente electo, según los cuales el empalme entre el gobierno saliente y el entrante tendrá un costo de más de doscientos mil millones de pesos, cuando, a lo largo de nuestra historia republicana, todos los empalmes han implicado un costo de cero pesos.
El empalme es algo elemental: una pacífica entrega de información, de modo que el gobierno saliente diga qué entrega y el gobierno entrante conozca qué recibe.
El presidente que se posesiona y el que termina su período, aunque tengan ideas, orientaciones políticas diferentes y hasta contrarias, deben encontrarse, en un procedimiento sencillo, nada costoso.
La posesión no es un desafío sino un democrático cambio de mando. Es gratuito.
*Exmagistrado*Profesor universitario
