El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que sería un «irrespeto» con la fuerza pública si se comprueba la veracidad de las acusaciones mediáticas sobre supuestos arreglos de ex funcionarios del Gobierno con el Clan del Golfo, de cara a una eventual negociación de paz.
«De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública, es un delito; se está promoviendo la acción criminal”, afirmó el ministro Sánchez.
Sostuvo que serán las autoridades las encargadas de confirmar la autenticidad de las grabaciones y establecer responsabilidades, entre quienes figuran como comprometidos, al tiempo que negó haber recibido órdenes del presidente, Gustavo Petro, de ir en contra de la Constitución, durante el tiempo que ha estado en el Ministerio.
«Durante el tiempo que he estado puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor Presidente de la República, y las decisiones que se han tomado han sido acordes a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa”, afirmó Sánchez, en un acto público.
De acuerdo con una investigación realizada por Noticias Caracol, el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, habría presuntamente ofrecido frenar acciones militares y la salida de altos oficiales de la fuerza pública para convencer al Clan del Golfo de que se sumará a la iniciativa de «paz total».
En una reunión realizada en el Urabá antioqueño y en la que también participaron abogados y asesores de la organización al margen de la ley, Rueda propuso una especie de «congelamiento» de acciones entre las partes, mientras alias «Jerónimo» solicitó el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública en las zonas bajo influencia del Clan del Golfo.
En los audios divulgados, el excomisionado también habló de esfuerzos para detener bombardeos y de procesos de depuración en organismos de inteligencia.
La investigación señaló que dos semanas antes de ese encuentro, el Gobierno había ordenado una reestructuración en las Fuerzas Militares y de Policía que implicó la salida de más de 35 generales. En las grabaciones, Rueda mencionó además la remoción de tres coroneles vinculados con labores de inteligencia y persecución al Clan del Golfo.
Noticias Caracol también sostuvo que el entonces comisionado planteó la posibilidad de avanzar hacia el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, una vez el proceso de diálogo alcanzara etapas más avanzadas.
Según el informe, durante los primeros años del gobierno Petro no se registraron bombardeos contra esa estructura criminal, que pasó de tener 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025 y amplió su presencia territorial de 145 a 338 municipios, de acuerdo con cifras citadas por el medio.
La investigación incluyó además otra grabación, correspondiente a una reunión realizada en agosto de 2025 en instalaciones de la DNI en las que participaron Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, ex DNI, con Eduward Ferney Rincón, conocido como «Boyaco Sinaloa», un esmeraldero y exnarcotraficante.
En la conversación, los funcionarios habrían solicitado apoyo para impulsar un proyecto de ley sobre sometimiento de organizaciones criminales y buscar canales de comunicación con alias «Chiquito Malo», máximo jefe del Clan del Golfo.
En la víspera se supo que la Procuraduría abrió indagación preliminar contra los tres implicados y el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, también salpicado en el escándalo, para establecer la veracidad de la denuncia mediática.
