Durante una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional (CDJT), autoridades nacionales y departamentales analizaron la situación de riesgo humanitario que enfrentan los pueblos indígenas Kogui y Arhuaco en el Magdalena debido a las condiciones de orden público que persisten en algunas zonas del departamento.
La reunión contó con la participación de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, y del director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), José Humberto Torres, quien presentó los avances de la entidad en materia de protección y restitución de derechos para comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Durante su intervención, el funcionario destacó que la URT adelanta actualmente dos procesos con comunidades del pueblo Kogui, orientados a lograr la restitución de derechos étnico-territoriales sobre aproximadamente 7.000 hectáreas de territorio ancestral.
Torres explicó que estas acciones buscan contribuir a la protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y avanzar en la recuperación de territorios afectados por hechos relacionados con el conflicto armado.
De igual forma, informó que la entidad presentó este año una solicitud de oficio para la adopción de medidas cautelares en favor de comunidades del pueblo Arhuaco que habrían sido afectadas directamente por el conflicto.
La solicitud fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta el pasado 11 de junio. Como parte del proceso, el despacho judicial ordenó la vinculación de entidades nacionales, departamentales y municipales para evaluar las afectaciones denunciadas y las acciones implementadas para garantizar la protección de estas comunidades.
La jornada permitió revisar las condiciones de seguridad y los desafíos humanitarios que enfrentan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, así como fortalecer la articulación institucional para la defensa de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener acciones coordinadas que permitan brindar garantías de protección a las comunidades indígenas y avanzar en los procesos de restitución y atención integral en los territorios afectados.
