La ética cívica se construye, acto por acto, decisión por decisión. El domingo Colombia eligió un gobierno. Hoy lunes empieza la prueba.
Aceptar el resultado no es un trámite protocolario. Es el primer acto ético del nuevo ciclo para Colombia. Aceptar, aunque no favorezca los intereses propios, aunque incomode a quienes amenazan con desconocerlo. Esa es la ética, no la que se practica cuando conviene, sino la que se sostiene cuando no.
Esa misma ética, la que se cumple sin condiciones, es la que debe regir lo que viene. Porque la transparencia no empieza en agosto. Empieza hoy, en la manera de leer lo que ya existe. Colombia no necesita más leyes contra la corrupción. Las tiene. Tiene leyes de transparencia, tiene el Secop, tiene declaraciones de conflicto de interés, tiene un Plan Anticorrupción obligatorio en cada entidad. Tiene instituciones de control, ciudadanos protagonistas de su rol. Lo que ha faltado no es la norma. Es voluntad de aplicarla.
Revisando experiencias internacionales, Dinamarca, primer lugar mundial en transparencia, construyó su resultado sobre la profesionalización de la función pública y sanción real al soborno. Uruguay, el país mejor calificado de América Latina, lo logró con un órgano autónomo de ética pública con poder real de sanción, no con un simple comité asesor. La respuesta positiva se va estandarizando en especialización, autonomía, datos abiertos, consecuencias reales. Nada de esto es nuevo, pero tampoco imposible.
Colombia, mientras tanto, vive el ejemplo de lo que pasa cuando las normas existen y no se aplican. Durante el gobierno que termina, un informe de la Contraloría General de la República confirmó la contratación directa como regla. Solo en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron más de 500.000 contratos directos por 32,88 billones de pesos. Es la radiografía de las leyes que no se aplican.
El nuevo gobierno tiene no solo la oportunidad, sino la obligación de cerrar esa brecha entre la norma y la práctica. No con más leyes, con cuatro frentes de acción inmediata.
El primero es cumplir lo que ya está en las normas. Publicar cada contrato a tiempo en el Secop, con sanción disciplinaria automática para el jefe de entidad que no lo haga. Declarar el conflicto de intereses antes de tomar cualquier decisión, no como trámite de papel sino como filtro real, con consecuencia automática si se omite. Abrir los datos de nómina y contratación en tiempo real, con nombre, cargo y valor, en una plataforma que cualquier ciudadano pueda consultar y descargar. La transparencia es información concreta, a tiempo, al alcance de quien la pida.
El segundo es recuperar el Estado técnico. Restablecer la carrera administrativa, eliminando de forma progresiva y verificable las nóminas paralelas. Un Estado se profesionaliza cuando el conocimiento técnico, no la lealtad polítiquera, decide quién se queda.
El tercero es blindar el control. Prohibir la concentración de contratación en los meses previos a cualquier elección, con techos mensuales y alertas automáticas. Garantizar la autonomía operativa y presupuestal de la Contraloría y la Procuraduría. Limitar la contratación directa en los sectores más sensibles, como la alimentación escolar, salud rural, primera infancia, y exigir licitación pública con veeduría ciudadana real, no simbólica. Sin control independiente, la transparencia anterior es solo apariencia.
El cuarto es sembrar futuro. Fijar metas de resultado verificables por entidad, publicadas trimestralmente. Y, sobre todo, llevar la formación en valores a la educación básica primaria, con análisis de casos reales y comprensión clara de las consecuencias de la corrupción. Un país cambia cuando el niño de hoy entiende, desde el aula, que cada peso desviado es un peso que no llegó a alguien que lo necesitaba.
La transparencia no se declara. Se sostiene en lo cotidiano, en lo técnico, en lo aburrido. En el contrato que se publica. En el niño que aprende, que lo público también es suyo.
Los colombianos tienen el derecho de exigir. Y el nuevo gobierno tiene la obligación de demostrar, con hechos verificables, que tiene la capacidad de transformar la ética en lo público.
*Exdirectora del ICBF
