29 exmilitares, exmiembros de la Novena Brigada del Ejército, fueron postulados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz para que se les impongan sanciones restaurativas por parte del Tribunal para la Paz.
La Sala de Reconocimiento verificó que estos comparecientes aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Huila entre 2005 y 2008.
El organismo, liderado por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitó al Tribunal que evalúe los aportes realizados y, si considera que se cumplen los requisitos, imponga la sanción correspondiente.
Los exmilitares cobijados por la decisión son el coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles y los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López García, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado Camero, Alejandro León Campos, Mario Hernán Duarte Méndez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Leonardo Ayala Remolina.
Así mismo, los mayores (r) Felipe Andrés Ramírez Gómez, Francisco Adrián Álvarez Calderón, Ángel Fernando Carvajal Rojas y Julián Andrés Calderón Motta. Igualmente, a los capitanes (r) Miller Damián Forero Cruz, Jesús Mauricio Jiménez Botina y Carlos Mahecha Bernal.
Los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta Ballesteros, Desaix de Jesús Palomino Mejía y Fernando Riveros Sarmiento; a los sargentos segundos (r) William Andrés Capera Vargas y Carlos Hernán Rodríguez Vera; al cabo primero (r) José Roldán López Cerón, y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinoza Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, José Yaty Anacona Bueno y Francisco Javier Castañeda Alfaro.
Pertenecían al Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (BIPIG), el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena (BIMAG) y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional.
Todos participaron en casos de llamados ‘falsos positivos’, con los que se presentaban como resultados operacionales homicidios perpetrados en combates simulados.
A pesar de que la Justicia Penal Militar en su momento no logró avances en la investigación, la JEP practicó 130 versiones voluntarias y siete testimonios, e identificó 434 víctimas de casos ocurridos en Huila.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 militares retirados de la fuerza pública, entre ellos cinco generales en retiro, por su máxima responsabilidad en 204 homicidios, incluidos 35 casos de desaparición forzada, así como ocho tentativas de homicidio ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.
Antes de la intervención de la JEP, solo existían 15 sentencias condenatorias contra autores materiales en un número reducido de casos.
29 de los 36 comparecientes imputados reconocieron su responsabilidad en una audiencia realizada en Neiva entre el 8 y el 10 de agosto de 2024, con participación de más de 120 víctimas.
Hasta el momento, hay tres propuestas de sanciones para los exmilitares, participar en la búsqueda, identificación y entrega digna de restos de víctimas del conflicto armado; la participación en la ‘Ruta de la Memoria y la Reconciliación’, del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, y la elaboración de piezas de comunicación para el restablecimiento del buen nombre de las víctimas y sus familiares.
/Colprensa.
