La Fiscalía General de la Nación imputó a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
Según la entidad, Salazar se habría extralimitado en sus funciones al adjudicar el contrato para la expedición de los pasaportes, luego de que el excanciller Álvaro Leyva ya había declarado desierta la licitación, por un valor de 559.000 millones de pesos.
Salazar, por su propia cuenta, revocó la declaratoria de desierta que había adoptado Leyva y adjudicó el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, lo que llevó a que fuera declarado insubsistente por el presidente, que lo acusó de traicionar a su Gobierno.
Según la Fiscalía, en ese momento Salazar solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, por lo cual no tenía atribuciones para reabrir o adjudicar procesos contractuales que ya estaban cerrados.
La entidad también tiene información de que en el periodo en que fue secretario general del Ministerio, entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, Salazar adquirió un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera.
Tampoco se encontraron transferencias, créditos o soportes bancarios o patrimoniales que soportaran la compra de los inmuebles.
/Colprensa.
