La semana pasada nos enteramos de la noticia que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes había tomado la decisión de citar al presidente de la República a indagatoria, dentro del marco de la investigación por sobrepasar los topes económicos de la campaña “Petro Presidente” que lo llevó a la Presidencia.
Es por lo menos inaudito que la investigación por sobrepasar los topes económicos de la campaña Petro Presidente demore cuatro años para comenzar con la indagatoria. El gerente de la campaña, el Sr. Roa, ya está imputado en la justicia ordinaria, que es la competente, por no tener fuero.
Esto deja en evidencia que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es una talanquera que impide el avance de la investigación. El presidente va a terminar su periodo y la investigación no avanzó. La sanción más drástica para quien sobrepasa los límites económicos, la prevé la misma Constitución, al advertir que se pierde la investidura. Esta ya no podrá aplicarse, pues el investigado terminará su periodo. Justicia tardía no es justicia.
Además, varios de los miembros de la Comisión son del partido del gobierno. Eso impide que avance una investigación; apenas ahora la impulsaron y pareciera que es precisamente para poder ordenar su archivo.
Históricamente se justificaba el antejuicio político para los aforados, especialmente al Presidente, pues los opositores acudían a las denuncias penales para torpedearlos. Hoy no se justifica el antejuicio y la declaratoria de indignidad en el Congreso. Políticamente se impide la declaratoria de indignidad y sin ella no adquiere competencia el juez natural que es la Corte Suprema de Justicia.
Tal como está concebido el sistema garantiza la impunidad; el antejuicio en el Congreso se torna de carácter político e impide la acción de la justicia.
Se propuso hace algunos años modificar el sistema y crear un Tribunal de Aforados, lo que es un absurdo. El Tribunal de Aforados ya existe, es la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Lo que hay que suprimir es el antejuicio político en el Congreso para que las investigaciones y juzgamientos pasen de una vez, sin más dilación a los organismos y tribunales competentes. Pero no ha habido voluntad política para reformar el actual sistema.
Los aforados lo son por norma constitucional y eso está bien por las altas investiduras que ostentan. Deben ser juzgados por el máximo tribunal de la justicia ordinaria para una mayor garantía e independencia. Lo que sobra y debe suprimirse es el antejuicio en el Congreso, para todos los aforados. Las investigaciones debe adelantarlas por la Fiscalía o la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia según el caso y sin mayor delación.
Estamos proyectando una imagen de impunidad frente al mundo. Después de cuatro años, cuando el gobierno termina, apenas comienza la investigación formalmente con un llamado a indagatoria. Se percibe desde el exterior una imagen de impunidad no de justicia. Precisamente por el antejuicio que dilata todo y se toman decisiones con criterio político.
*Exmagistrado
