La casi desaparecida vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, quien fuera la primera ministra de la Igualdad, tuvo a su cargo el manejo de más de dos billones de pesos.
El Ministerio de Igualdad entró en fase de preparación para su liquidación en medio de la incertidumbre jurídica sobre su continuidad. De acuerdo con una circular interna los funcionarios fueron notificados sobre una serie de tareas administrativas que deberán cumplirse en los próximos días, mientras se define si el Congreso logra aprobar una salida legislativa de última hora.
El proceso se acelera porque el plazo fijado por la Corte Constitucional vence el 20 de junio de 2026. Si no se corrigen los vicios detectados en la ley que creó el ministerio, la cartera deberá ser suprimida y sus funciones distribuidas entre otras entidades del Estado.
La entidad definió una hoja de ruta operativa para organizar la transición administrativa en caso de liquidación.
Según la programación establecida, el 17 de junio será el último día para que las dependencias finalicen sus actividades esenciales, además de entregar informes de gestión y soportes documentales de cada cargo.
El proceso continuará con etapas sucesivas:
18 de junio: consolidación interna de información y reorganización de áreas.
19 de junio: entrega formal de bienes institucionales, equipos y firma de paz y salvos.
20 de junio: fecha límite para la definición jurídica del futuro del ministerio.
La Oficina de Planeación también deberá recopilar información estratégica sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos asociados a políticas de paz, insumos que quedarían en manos de un eventual liquidador.
La situación se originó tras una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que dio vida al Ministerio de la Igualdad.
El alto tribunal concluyó que durante el trámite legislativo de la norma no se cumplieron requisitos relacionados con el análisis y aval fiscal exigidos para este tipo de iniciativas.
Aunque el Gobierno presentó alternativas para corregir los problemas identificados por la Corte, el reducido tiempo legislativo disponible ha complicado la aprobación de una nueva norma antes de que expire el plazo establecido.
En días recientes, el propio presidente Gustavo Petro ordenó avanzar en la preparación del cierre de la entidad mientras continúa la discusión política sobre su futuro.
Ante una eventual desaparición de la cartera, el Gobierno puso en marcha un plan para garantizar que los programas sociales continúen funcionando.
La estrategia contempla trasladar funciones a diferentes entidades estatales, entre ellas los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, además del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Prosperidad Social.
La intención es evitar interrupciones en las iniciativas dirigidas a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad, entre otros grupos poblacionales.
Las entidades involucradas deberán dejar definidos los actos administrativos necesarios antes del 17 de junio para asegurar la continuidad de estas políticas públicas.
Mientras avanza el cronograma de cierre, persisten las dudas entre los funcionarios sobre lo que ocurrirá con sus empleos.
Organizaciones sindicales han advertido que todavía no existe un decreto formal de liquidación ni claridad sobre la situación laboral de quienes actualmente trabajan en la entidad.
Según cifras conocidas durante el proceso, alrededor de 580 trabajadores podrían verse afectados si finalmente se concreta la desaparición del ministerio.
