Acompañamos empresas colombianas todos los días. No desde un think tank, no desde un cargo público, no desde una tribuna. Desde adentro: sentados en las reuniones donde no alcanza la plata para la nómina, revisando los estados financieros que nadie quería ver, ayudando al CEO a entender por qué su empresa vende más cada año y tiene menos caja. Desde ahí hablo.
Y desde ahí le digo al próximo presidente algo que los gremios no van a decirle con tanta claridad: el empresario colombiano no está enojado. Está agotado. Y un país con sus empresarios agotados no crece, se encoge.
El PIB creció 2,2% en el primer trimestre de 2026. Suena razonable hasta que uno descubre que sin el gasto público ese número habría sido 1,2%. La inversión privada, que es la que crea empleo de verdad, que es la que le paga impuestos al Estado para que funcione, está paralizada. No por falta de ideas. Por falta de confianza en que las reglas del juego van a seguir siendo las mismas mañanas.
Eso no es un problema ideológico. Es un problema de gestión pública básica, y el próximo gobierno tiene cuatro años para resolverlo o para consolidar el declive.
Lo primero que necesita ese empresario no es un discurso de reactivación. Es seguridad jurídica que no dependa del humor presidencial. Cuatro años de reformas anunciadas, retiradas, modificadas y reimpulsadas convirtieron la planeación empresarial en un ejercicio de adivinanza. La reforma laboral que nunca terminó de pasar generó más daño en su tramitación indefinida que si hubiera pasado o no hubiera pasado: nadie contrata con certeza cuando no sabe qué va a costar contratar dentro de seis meses. El decreto de salario mínimo de diciembre pasado, expedido por fuera de la concertación y suspendido por la Corte, dejó a miles de empresas sin saber qué cifra poner en la nómina de enero. Eso no es política pública, eso es caos administrativo con consecuencias reales sobre personas reales.
Lo segundo es tener la honestidad de mirar el costo laboral sin populismo. Formalizar un trabajador en Colombia cuesta alrededor del 50% adicional sobre el salario acordado, entre parafiscales, prestaciones y seguridad social. Con esa estructura de costos, la informalidad no es una falla moral del empresario: es la conclusión racional de unas matemáticas que el Estado diseñó mal. Mientras el próximo gobierno no enfrente ese número con seriedad, puede anunciar todos los programas de formalización que quiera. No van a funcionar.
Lo tercero es crédito productivo que llegue a quien produce. La tasa de referencia del Banco de la República está en 11,25% y la Junta acaba de ratificarla por unanimidad. Para una empresa mediana eso se traduce en crédito comercial a tasas que hacen inviable financiar capital de trabajo sin destruir el margen. El sistema financiero colombiano sigue tratando al empresario mediano como un riesgo a administrar en lugar de como el motor que es. Un gobierno serio tiene una política de garantías, tiene banca de desarrollo con dientes, tiene instrumentos que no dependan de que el empresario hipoteque su casa para que le crean.
Lo cuarto nadie lo pone en los debates, pero es quizás lo más urgente: el Estado colombiano no tiene ningún programa serio de fortalecimiento gerencial para la mediana empresa. Hay recursos en Cámaras de Comercio, en Innpulsa, en el SENA, dispersos, sin articulación, sin métricas de impacto real. Mientras tanto, el 70% de las empresas colombianas no sobrevive cinco años. No porque el mercado las rechace. Porque nadie las acompañó a construir la estructura que necesitaban para sostenerse cuando vinieron las vacas flacas.
Y lo quinto, lo que nadie en campaña dice con claridad porque políticamente duele: la carga tributaria en Colombia está destruyendo el incentivo de construir. En cuatro años, el gasto público pasó del 24% al 28,6% del PIB. El déficit fiscal que ese crecimiento generó lo intentaron tapar con más impuestos en lugar de con disciplina del gasto. El resultado: tres reformas tributarias en un período, impuesto de renta corporativo al 35%, dividendos gravados hasta niveles que combinados pueden acercarse al 70% de tributación efectiva, y un 4×1000 que nadie ha tenido el valor de eliminar de verdad. Y a eso súmele los tributos distritales y municipales, el ICA, la sobretasa bomberil, los estampillados y una larga lista de contribuciones locales que varían según el municipio donde opere la empresa y que nadie consolida pero que el empresario paga mes a mes sin falta. Encima, el próximo presidente hereda una deuda pública que el Estado ya no puede financiar barato: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió este mes sobre estrechez persistente de liquidez, y el gobierno está emitiendo títulos a tasas que superan el IBR en más de un punto. Esa factura la van a pagar los mismos de siempre. La única forma sostenible de aumentar el recaudo no es exprimir más a los que ya pagan, sino crear condiciones para que haya más empresas que paguen.
Señor presidente electo: tiene cuatro años para demostrar que Colombia puede ser un país donde valga la pena construir. O cuatro años más de parches y reformas tributarias disfrazadas de progresismo que le siguen sacando plata al que produce para financiar un Estado que crece sin rendir cuentas. El empresario colombiano ha aguantado lo que ningún gobierno debería haberle pedido aguantar. Ese aguante no es infinito. Cuando se acaba, no se va a un debate a quejarse. Simplemente cierra, o se va.
No acabe con lo que queda. Las empresas colombianas no necesitan que el Estado las salve. Necesitan que las deje crecer.
*Cofundadora de Goan Group, consultora en estrategia financiera y transformación empresarial
