La Contraloría General instó al Gobierno a revisar los instrumentos regulatorios para privilegiar la acumulación máxima de agua en embalses, agilizar la entrada en operación de proyectos de generación, pagar deudas pendientes con el sector, encender centrales térmicas de inmediato y lanzar una campaña masiva de concientización sobre uso responsable del agua y la energía.
La Contraloría General de la República advirtió este miércoles que la combinación de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, un déficit energético en firme y una deuda gubernamental de $8,2 billones con el sector eléctrico resultan ser una combinación que advierte de una grave crisis estructural que amenaza el abastecimiento de agua potable y energía para el país.
En el marco de esos factores está el llamado urgente que se produce tras la actualización del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que elevó la probabilidad de llegada del fenómeno climático del 62% al 82% para el trimestre mayo-junio-julio, con anomalías de temperatura que podrían alcanzar +1 °C hacia finales del año.
A lo que se suma la visualización hecha por el ente de control de los factores estructurales que debilitan el sistema: demanda creciente en un entorno hidrológico cada vez más severo, retrasos en proyectos de generación y transmisión, demoras en el pago de subsidios y deuda acumulada con comercializadores, particularmente en la región Caribe, donde la compañía Air-e enfrenta dificultades de liquidez, a consecuencia de los bajos niveles de recaudo y pérdidas elevadas.
Según datos del Operador del Sistema XM, en los últimos seis años apenas el 28% de la capacidad de generación prevista entró en operación. En 2025 solo el 10,8% de los proyectos cumplió su fecha de puesta en marcha y para 2026, de 4.475 MW proyectados, apenas 291 MW (6,5%) están funcionando. La Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) resulta insuficiente para cubrir la demanda estimada hasta 2030.
En ese orden, la Contraloría cuestionó los Decretos 0150 y 0177 de 2026, que permitieron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar unilateralmente licencias y permisos de proyectos hidroeléctricos, generando riesgo de que se impongan acciones operativas sobre embalses que contravengan sus reglas de diseño y reduzcan su capacidad de almacenamiento.
En el caso particular de Hidroituango, el proyecto de generación más grande del país, la Contraloría señaló que mantener la Resolución 2306 de 2019 —que exige igualar caudales de entrada y salida del embalse en época de estiaje— constituye una restricción inoportuna y severa al almacenamiento de agua, máxime cuando la cota útil podría elevarse casi 11 metros para incrementar reservas antes del impacto del fenómeno.
Entre el 65% y el 70% de la generación eléctrica colombiana depende del recurso hídrico, lo que evidencia una vulnerabilidad estructural ante la variabilidad climática. La probabilidad de sequía extrema para finales de 2026 se sitúa cerca del 96%.
Frente a todo ese panorama, el ente fiscal instó al Gobierno a revisar los instrumentos regulatorios para privilegiar la acumulación máxima de agua en embalses, agilizar la entrada en operación de proyectos de generación, pagar deudas pendientes con el sector, encender centrales térmicas de inmediato y lanzar una campaña masiva de concientización sobre uso responsable del agua y la energía./Colprensa
