Colombia saludó este martes la confirmación hecha por la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho de huelga al sostener está protegido por el Convenio 87 de la OIT por Libertad Sindical, poniendo fin a 13 años de desacuerdo institucional que paralizó parcialmente el sistema de control normativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el gobierno de Gustavo Petro la decisión se celebró como un triunfo de su política exterior multilateral dado que el país jugó un papel protagónico en el proceso al liderar, en representación de un grupo de 44 Estados miembros, la propuesta ante el Consejo de Administración de la OIT para solicitar la opinión consultiva a la CIJ, adoptada en noviembre de 2023.
El país participó además en todas las etapas del procedimiento, presentó su declaración escrita y compareció en audiencia pública en La Haya, argumentando que «el derecho de huelga es un derecho inherente a la libertad sindical y que, sin su protección efectiva, las organizaciones sindicales quedarían desprovistas de capacidad de negociación real».
El bloqueo en la OIT se originó en 2012 cuando los representantes de empleadores cuestionaron el alcance del derecho de huelga dentro del sistema, obstruyendo el trabajo de la Comisión de Expertos Independientes, durante más de una década e impidiendo que los órganos de control llegaran a consensos para resolver casos de incumplimiento.
La opinión consultiva de la CIJ confirmó los argumentos centrales de Colombia y reconoció además la influencia del derecho de huelga consagrado en el artículo 56 de la Constitución colombiana, así como la coherencia entre los estándares de la OIT y el sistema interamericano de derechos humanos en la protección de este derecho.
Colombia es Estado fundador de la OIT desde 1919 y reiteró con este fallo su compromiso con el sistema multilateral y la defensa de los derechos de los trabajadores.
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