Santa Marta, mayo 26 de 2026. Más de tres décadas después, empieza a abrirse paso la verdad que durante años permaneció oculta. Un proceso restaurativo liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y acompañado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revela lo que durante años se escondió: civiles que fueron retenidos, desaparecidos, ejecutados y presentados ilegítimamente como bajas en combate en Magdalena y Atlántico por integrantes del Batallón de Infantería Mecanizado N°5 José María Córdova (BICOR) y del Gaula Magdalena. Hoy, las víctimas dignifican el buen nombre de sus familiares, mientras los comparecientes reconocen el daño y su responsabilidad. El país empieza, por fin, a escuchar la verdad.
La verdad que no coincidía con la versión oficial
Durante años, los reportes militares hablaron de combates y enfrentamientos. Las versiones oficiales coincidían entre sí y parecían suficientes para explicar lo ocurrido. Sin embargo, las víctimas y sus familias siempre lucharon contra esa afrenta y reclamaron la inocencia de sus seres queridos, aun cuando el Estado no las escuchó. Gracias a su persistencia, hoy empieza a conocerse lo que realmente ocurrió. Para las familias, el daño no terminó con la muerte de su ser querido; solo fue el inicio. Sobrevinieron rupturas de vínculos y encuentros familiares, problemas económicos, desplazamientos forzados, estigmatización y daños a la salud física, emocional y mental. Para las familias, el daño no fue solo haber perdido a sus seres queridos, sino también haber tenido que defender durante años la verdad de sus vidas.
Lo que dicen hoy los comparecientes: una práctica sistemática y no aislada
En los encuentros restaurativos, las palabras de los comparecientes frente a su reconocimiento de responsabilidad hacen parte de su compromiso con el proceso restaurativo y las víctimas, quienes los han llevado a mirar de frente lo que hicieron. No todos hablan desde el mismo lugar, pero en sus intervenciones aparece una idea común: lo que sucedió no fue una situación aislada, sino un daño profundo y sistemático.
Lo que hicieron el BICOR y el GAMAG se enmarca en una lógica criminal en la que, según la JEP, al menos entre 2002 y 2008, 19 unidades militares en el Caribe colombiano ejecutaron extrajudicialmente por lo menos a 739 personas. En los espacios restaurativos, los comparecientes han confirmado esa lógica: presión por mostrar resultados, señalamientos sin verificación que bastaban para convertir a alguien en objetivo, y una frontera cada vez más difusa entre sospecha y condena. Lo que emerge, en conjunto, es la evidencia de una práctica sistemática que combinó selección de víctimas, ejecución y encubrimiento.
Los nombres que no debieron ser borrados
Las víctimas han insistido en algo que parece simple, pero que resulta profundamente político y reparador: ser nombradas correctamente. En informes, expedientes, versiones oficiales y noticias en medios de comunicación dejaron de ser personas y pasaron a ser “bajas”, “resultados”, “insurgentes”, “guerrilleros”. Hoy, en estos espacios restaurativos, sus familias hacen el movimiento contrario; los traen de vuelta como hijos, padres, hermanos, sobrinos o esposos, como hombres buenos, con vidas significativas que no caben en un reporte militar.
Cada palabra aquí escrita es un homenaje a los agricultores, pescadores, cuidadores, campesinos, a los que sostenían el hogar, a los que eran el alma de cada encuentro familiar, a quienes fueron separados injusta y violentamente para siempre de sus familias, en medio de un accionar criminal que se instaló en el Caribe colombiano y en el que integrantes del Ejército priorizaron las supuestas bajas en combate por encima de la vida de personas inocentes.
Que cuando se diga Ramón David Mariño Riatiga, Eulogio Cabarcas Oliveros, Israel Picón Javela, Juan Carlos Andrade Arrieta, Rodrigo Alonso Borja Valle, Dagoberto Martínez Fuentes, Fredy Uriel Pérez Caballero, Rubén Junior Villa Padilla, Jorge Luis Gallardo Rodríguez, Carlos Tomás Vega, Jorge Antonio Barbosa Tarazona “Coquito”, Edwin Alberto Mariño Rodríguez, John Jairo Montejo Caballero, Juan José Cantillo Ayala y Wilfer José Maceta Benítez, el país sepa que siempre fueron inocentes. Y que, así como a ellos, otros 25 nombres incluidos en la Resolución S1CHT.SDSJ.386de 2026 de la JEP, corrieron con la misma suerte.
Un camino hacia la verdad y la no repetición
Este proceso restaurativo concluyó con la construcción de esta publicación, una serie de podcast y un acto público, acciones para honrar a las víctimas y a sus familiares. Aquí se pudo hablar con la verdad, se recuperaron los nombres de quienes fueron borrados y se abre, incluso en medio del dolor, un camino donde la justicia es también reconocimiento. Nada podrá reparar plenamente lo sucedido ni devolverles a las familias a sus seres queridos. Sin embargo, este proceso representa un avance importante en la construcción de verdad, reconocimiento y dignificación para las víctimas. Aun así, persisten heridas abiertas, reparaciones estatales sin obtener, preguntas sin resolver y familias que continúan esperando respuestas, incluso aquellas que todavía buscan encontrar el cuerpo de su ser querido. Desde ahí, el país debe seguir mirando de frente lo ocurrido, profundizando en la verdad y dando pasos firmes hacia la no repetición como un aporte a la reparación de las víctimas y a la construcción de paz en Colombia.
El presente contenido corresponde a una acción desarrollada durante los diálogos entre víctimas y comparecientes en el marco del proceso restaurativo “La voz de los que ya no están” del departamento del Magdalena, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La información publicada fue remitida para fines de divulgación institucional y restaurativa. Su publicación tiene carácter estrictamente comunicativo y no constituye decisión judicial ni sustituye las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El medio actúa únicamente como difusor del contenido remitido por las entidades correspondientes.
