La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira.
El organismo de control fundamentó la medida en fallas en la gestión de la iniciativa, señalando la ejecución de recursos sin que las obras alcanzaran los resultados previstos ni lograran entrar en operación.
De acuerdo con la indagación preliminar, el proyecto fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023 sin haber entrado en funcionamiento. Hasta esa fecha, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones proyectadas, y los aerogeneradores adquiridos permanecen almacenados sin ser utilizados.
A marzo de 2022, el avance de la obra era del 29,6 %, cifra por debajo del 33,7 % esperado, lo que evidencia que los trabajos no progresaron al ritmo programado.
La Contraloría también identificó retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución y generaron mayores costos.
El ente de control advirtió una presunta afectación a recursos públicos distritales debido a la participación de Bogotá en Enel Colombia S.A. E.S.P.. El proceso busca identificar a quienes intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones para determinar las responsabilidades correspondientes.
