La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y el Ministerio de Justicia entraron en disputa este martes por el alcance del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria que cursa en el Congreso, luego de que el gremio reclamara que las decisiones sobre conflictos de tierras queden exclusivamente en cabeza de los jueces de la República y no en una entidad del Ejecutivo.
El Gobierno respondió que la propuesta ya incorpora control judicial en los casos con oposición y que judicializar todos los trámites agrarios solo agravaría la congestión.
En un comunicado, la SAC sostuvo que «el país necesita una Jurisdicción Agraria en la que sean los Jueces de la República los que tomen las decisiones y NO una entidad del Ejecutivo como lo pretende el Gobierno en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria». El gremio hizo «un llamado al Congreso de la República para que se proteja el debido proceso y las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos».
La SAC recordó que el Acuerdo de Paz estableció la obligación de crear una Jurisdicción Agraria y que el Decreto Ley 902 de 2017, en desarrollo de ese Acuerdo, le entregó a los jueces la competencia para decidir ocho procesos agrarios. A juicio del gremio, el proyecto del Gobierno «busca quitarles garantías a los ciudadanos y a los jueces las competencias de decidir sobre procesos agrarios».
El comunicado calificó como «muy preocupante que el Gobierno Nacional, que dice defender el Acuerdo de Paz, intente crear una justicia rural en la que le quita las competencias a los Jueces de la República para dárselas a una entidad del mismo Gobierno».
La SAC señaló que el artículo 9 del texto para segundo debate desconoce cuatro pronunciamientos de la Corte Constitucional que han avalado la fase judicial de los procesos agrarios. Entre ellos citó la Sentencia C-077 de 2018, que validó el diseño de la fase administrativa y judicial del procedimiento único; la SU-288 de 2022 sobre baldíos; la C-340 de 2025, que declaró constitucional la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria; y la C-099 de 2026, en la que la Corte negó la pretensión del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de eliminar la fase judicial y reiteró que esa etapa del procedimiento único debe ser resuelta por los jueces.
El gremio también invocó el Auto 534 de 2026, mediante el cual la Corte Constitucional suspendió varios artículos del Decreto Legislativo 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, que facultaba a la ANT para decidir procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio en varios departamentos.
«La Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos. Las decisiones sobre la tierra deben seguir en manos de jueces independientes y no de entidades del Ejecutivo», concluyó el comunicado.
LA RESPUESTA DEL MINJUSTICIA
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respondió a través de su cuenta en X que el Gobierno «valora los aportes» de la SAC y de su presidente, Jorge Bedoya, pero presentó siete consideraciones sobre el trámite. Cuervo afirmó que el proyecto «ha sido construido mediante un amplio proceso de deliberación técnica con distintos actores» y que en ese diálogo se alcanzaron acuerdos.
Entre esos puntos, el ministro detalló que «se definió que la clarificación y recuperación de baldíos tendrían control judicial automático cuando exista oposición» y que los procesos de clarificación y deslinde «serán definidos por los jueces agrarios cuando exista oposición incorporando garantías para el pago de mejoras».
Cuervo controvirtió la pretensión de llevar todos los trámites a un juez. «La idea de judicializar todos los procedimientos agrarios donde no hay oposición, o donde están en juego bienes nacionales (parques nacionales) no consulta la realidad de la administración de los bienes y solo contribuye a la congestión de la Jurisdicción, sin necesidad», escribió.
El ministro agregó que la mayoría de los conflictos agrarios se resolverán en la nueva jurisdicción y que aquellos sin oposición que se decidan en sede administrativa «SIEMPRE, tendrán control judicial posterior en la Jurisdicción agraria o en la justicia contencioso-administrativa». Cuervo cerró su intervención señalando que el Gobierno «acatará cualquiera sea el resultado de la deliberación democrática» y advirtió: «Siendo aprobado el Acto Legislativo y la ley Estatutaria, no podemos quedarnos sin ley ordinaria».
MENSAJE DE INSISTENCIA EN EL SENADO
El cruce de posturas se produjo un día después de que el Gobierno radicara, el 4 de mayo, un mensaje de insistencia en el Senado para acelerar el trámite del proyecto. La medida fue suscrita por el ministro Cuervo y por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y busca que la iniciativa sea aprobada antes del cierre del actual periodo de sesiones ordinarias, el 20 de junio.
El proyecto fue radicado en agosto de 2024 y solo hasta junio de 2025, tras un mensaje de urgencia, las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes lo aprobaron por unanimidad. Desde entonces, según informó el Ejecutivo, la iniciativa no ha tenido debate en las plenarias pese al mensaje de urgencia, razón por la cual se acudió ahora a la figura de la insistencia.
La ministra Carvajalino afirmó que «este mensaje de insistencia se presenta, entonces, tras 21 meses de haber sido radicado el proyecto y a solo siete semanas del cierre de la actual legislatura». La funcionaria advirtió que, «si no se aprueba antes del 20 de julio, la iniciativa será archivada, lo que obligaría a reiniciar todo el trámite con el nuevo Congreso».
El Ejecutivo señaló que la iniciativa es clave para resolver disputas sobre uso y tenencia de la tierra, contratos agrarios, ocupaciones, servidumbres, posesión de predios y actuaciones de la ANT, reconociendo la protección al campesinado y a las comunidades étnicas. Los ministros coincidieron en que «quedan 7 semanas y 14 sesiones» y reiteraron el llamado al Congreso a «sesionar, debatir y aprobar la Jurisdicción Agraria».
