La Contraloría General de la República emitió una Advertencia Especial por seis tipos de riesgos detectados en la puesta en marcha de dos figuras legales creadas para asegurar que ciertos suelos rurales del país se destinen a sembrar comida y no a otros usos.
Se trata de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La advertencia central es que las ZPPA y APPA no pueden quedarse en el papel.
La advertencia está dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)
El documento enumera riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza. Según el organismo de control, esas fallas «podrían comprometer la consistencia técnica, financiera e institucional» del proceso de formulación e implementación de las dos figuras.
La Contraloría señaló que su aplicación no puede limitarse a expedir documentos oficiales ni a definir, de manera general, qué zonas o áreas quedan protegidas, sino que exige una planeación integral, verificable y con respaldo financiero, articulada con los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y los mecanismos para hacerle seguimiento a los resultados.
Entre los puntos críticos, el órgano de control identificó que hoy no hay información técnica, jurídica ni geoespacial suficiente para delimitar correctamente las áreas. Esa carencia, advirtió, puede generar incertidumbre sobre el debido proceso, sobre los límites reales de cada zona y sobre la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial que usan los municipios para definir el uso del suelo.
A eso se suma una débil coordinación entre las entidades nacionales y las territoriales. La Contraloría pidió fortalecer los procedimientos y los mecanismos de articulación entre el Ministerio de Agricultura, la UPRA y los gobiernos locales, pues sin ese engranaje, las decisiones que se tomen pueden quedar sin efecto en la práctica.
El organismo también llamó la atención sobre la falta de una programación clara, específica y trazable en relación con el uso del suelo y las actividades productivas que se permitirán o restringirán dentro de las áreas protegidas.
Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto que las APPA pueden tener sobre sectores económicos clave. La Contraloría advirtió que las restricciones derivadas de declarar un territorio como APPA pueden afectar especialmente actividades como la exploración y la explotación minera cuando se desarrollen en esas zonas.
Esas limitaciones, según el documento, «podrían generar tensiones entre la protección del suelo y el desarrollo de actividades productivas clave», una alerta directa sobre los conflictos que se podrían abrir entre la vocación agrícola del territorio y la actividad extractiva.
Aunque la Contraloría aclaró que no detectó un riesgo específico en infraestructura, sí detectó efectos transversales sobre la planeación y ejecución de proyectos públicos. Las restricciones al uso del suelo, la desarticulación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), la falta de financiación de los planes de acción y la débil incorporación de la gestión del riesgo de desastres pueden comprometer la viabilidad de obras e intervenciones del Estado en estos territorios.
En materia ambiental, el órgano de control subrayó la necesidad de integrar criterios de prevención de desastres, cambio climático, protección de ecosistemas y uso sostenible del suelo en la formulación de las ZPPA y APPA. La omisión de estos elementos, advirtió, puede llevar a decisiones incompatibles con la realidad del territorio.
Por esa razón, la Contraloría instó al Ministerio de Agricultura y a la UPRA a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y técnicamente fundamentadas para mitigar los riesgos identificados antes de que avance la implementación de las dos figuras en el campo colombiano.
/Colprensa.
