Una veintena de militares entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaraciones en las que describen un plan para encubrir el asesinato del comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, esposo de la lideresa nasa y actual candidata a la Vicepresidencia, Aida Quilcué, ocurrido el 16 de diciembre de 2008 en el departamento del Cauca.
Las versiones fueron reveladas este lunes por el programa Señal Investigativa en alianza con la Revista Raya, según las cuales los uniformados señalan al abogado Luis Hernando Castellanos y a la cúpula militar de la época, encabezada por el general Freddy Padilla de León, de orquestar una estrategia para desviar la investigación y vincular a la propia Quilcué con la muerte de su compañero.
Pasadas las 5:00 de la mañana del 16 de diciembre de 2008, Edwin Legarda se desplazaba por la carretera que conecta al municipio de Inzá con Popayán, a la altura del corregimiento Gabriel López, cuando un retén del Séptimo Pelotón del Batallón de Infantería José Hilario López disparó contra el vehículo en el que se movilizaba.
Según el expediente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Legarda iba a recoger a su esposa, quien regresaba de Ginebra (Suiza), tras participar en el examen periódico de la ONU sobre Colombia.
La camioneta del CRIC, en la que también viajaba la coordinadora del Hospital de Inzá, Liliana Valdés Penna, recibió 17 disparos. En el sitio fueron halladas 105 vainillas de fusil. El reporte oficial inicial presentó a Legarda como integrante de un grupo armado dado de baja en combate, versión desvirtuada en 2010 por el Juzgado Segundo Especializado de Popayán, que condenó a 40 años de prisión a seis soldados por el delito de homicidio en persona protegida.
Los hechos ocurrieron semanas después de la minga indígena que entre octubre y noviembre de 2008 movilizó a miles de indígenas del suroccidente del país en rechazo a la política de seguridad democrática del entonces presidente, Álvaro Uribe. En ese marco, Aida Quilcué se desempeñaba como consejera mayor del CRIC y vocera de la protesta.
El plan descrito por los uniformados
De acuerdo con la investigación de Señal Colombia y Revista Raya, los militares señalaron que fueron sometidos a las directrices del abogado Luis Hernando Castellanos, jurista asignado al caso por la cúpula militar de la época, encabezada por el general Padilla de León, entonces comandante general de las Fuerzas Militares. El alto oficial figura entre los altos mandos llamados por la JEP a rendir versión libre por los hechos investigados en el Caso 03, conocido como el de los falsos positivos.
El programa reveló que la estrategia tuvo como pieza principal a una supuesta testigo identificada como Giomar Patricia Riveros, quien habría intentado vincular a Quilcué con la muerte de su esposo.
Según las versiones recogidas, Riveros resultó favorecida por una alianza entre el entonces director del Hospital Militar Central, el general Ricardo Gómez Nieto, y el procurador delegado de la época, Gabriel Ramón Jaimes, recordado posteriormente como el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que pidió la preclusión del caso del expresidente Uribe.
La indagación señala que Gómez Nieto habría contratado a la testigo en el Hospital Militar con un aval expedido por Jaimes, pese a que la mujer estaba inhabilitada.
A esa pieza se suma otra revelación: según las declaraciones de los uniformados, esa misma madrugada dos informantes con pasamontañas estuvieron presentes en la escena del crimen, se cercioraron de que la camioneta fuera interceptada y, una vez perpetrado el homicidio, desaparecieron del lugar.
La negación del abogado y el trámite en la JEP
Castellanos fue contactado por Señal Investigativa y negó todos los señalamientos formulados por los militares ante la JEP. El programa precisó que el jurista ha representado a varios mandos involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
El proceso ante la JEP avanza desde noviembre de 2022, cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de 33 militares vinculados al homicidio.
«El homicidio en contra del señor José Edwin Legarda Vásquez se encuadra en los supuestos de las ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se presentó como una operación militar en apariencia legítima», consignó la Sala en su resolución, según El Espectador.
El expediente fue remitido al Caso 03, que prioriza las muertes ilegítimamente presentadas en combate por agentes del Estado.
En septiembre de 2020, durante la entrega de la caracterización del daño colectivo a la JEP y a la Comisión de la Verdad, la hija de la pareja, Alejandra Legarda Quilcué, expresó: «Conozco bien que los militares que asesinaron a mi padre están en libertad condicional sin ni siquiera haber esclarecido la verdad, y es algo que de todo corazón exijo, tanto a la JEP como a las otras instituciones, que tomen cartas en el asunto, no es posible que hablemos de paz sin conocer la verdad».
Las nuevas declaraciones podrían aportar elementos para determinar si existió una estrategia más amplia dirigida contra Quilcué y contra el movimiento indígena que entonces representaba, asunto que ahora deberá valorar la JEP en el marco de su mandato.
/Colprensa.
