En el mismo fallo en el que dejó en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, el Consejo de Estado le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar al funcionario por los señalamientos públicos que hizo contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, a quien llamó «loca, demente y delincuente» en medios de comunicación tras el allanamiento a su mansión en Puerto Colombia (Atlántico), en el marco de las investigaciones penales que la togada llevaba contra él.
En el texto del fallo se lee: «La Sala no puede pasar por alto que en la alzada la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer'».
A renglón seguido, los magistrados argumentaron que «las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres».
Por eso ordenaron oficiar a la Procuraduría para que adelante las averiguaciones «respecto de supuestos señalamientos inapropiados» del ministro contra la togada.
La orden quedó plasmada en el segundo punto resolutivo de la sentencia del 30 de abril de 2026, firmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado bajo la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
De dónde viene el pleito
El choque entre Benedetti y Lombana estalló el 11 de noviembre de 2025, cuando la magistrada ordenó allanar la mansión del entonces y actual ministro del Interior en el conjunto Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia. El operativo, ejecutado con apoyo de la Dijín, hacía parte de las pesquisas que llevaba la togada contra Benedetti.
Según la información que circuló en medios, el allanamiento estaba relacionado con dos investigaciones que encabezaba Lombana: el préstamo de 3.600 millones de pesos otorgado por el empresario Euclides Torres para la compra de la mansión en Barranquilla y presuntas irregularidades en beneficio de la empresa Simetric, también de Torres.
La reacción del ministro fue inmediata y por todos los canales. En entrevistas en medios de circulación nacional, calificó a la magistrada como «loca», «demente», «delincuente» y «hp», y dijo que había sido objeto de un «abuso de poder». También denunció que la togada había filtrado pruebas reservadas a los medios.
«Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones (…) porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido recusada porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado todo, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación», expresó Benedetti.
Las declaraciones provocaron un rechazo público de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del tribunal, Octavio Tejeiro, leyó un comunicado en el que la corporación expresó: «La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia».
Al pronunciamiento se sumó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, que pidió al ministro reflexionar y le recordó que «las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad».
Tras la lluvia de pronunciamientos institucionales, Benedetti se retractó por su cuenta de X el 12 de noviembre de 2025: «He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia».
Lombana fuera de los casos
La crisis terminó con un giro judicial. El 9 de abril de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con votación de cuatro contra uno, apartó a Lombana de las cuatro investigaciones que llevaba contra Benedetti. El único voto en contra fue el del magistrado Héctor Alarcón.
Los procesos pasaron al despacho del magistrado César Augusto Reyes, ponente de la decisión. Los cuatro casos en cuestión tenían que ver con financiación irregular, delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
La razón para apartarla fue, paradójicamente, una denuncia del propio Benedetti. Fuentes de la Corte explicaron a medios que «la apariencia de imparcialidad se ve afectada porque la Comisión de Acusación ya vinculó formalmente a Lombana en un proceso disciplinario donde Benedetti fue el denunciante». Es decir, como el ministro había metido una queja contra Lombana ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ya no se podía garantizar que ella lo investigara con imparcialidad.
Antes de que el Consejo de Estado emitiera su fallo, la Procuraduría ya tenía abierta una investigación disciplinaria contra Benedetti por los insultos a Lombana, abierta el 11 de noviembre de 2025. Sin embargo, fuentes de la entidad confirmaron que casi seis meses después el proceso seguía en «recolección de pruebas».
A esto se suma ahora la nueva orden del Consejo de Estado, que reactiva el tema desde una perspectiva de género. La providencia fue suscrita por Pedro Pablo Vanegas Gil, presidente de la Sala; Luis Alberto Álvarez Parra; Omar Joaquín Barreto Suárez —ponente— y Gloria María Gómez Montoya.
En total, en la Corte Suprema cursan seis investigaciones penales contra Benedetti por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, de las cuales cuatro estaban en manos de Lombana antes de que la apartaran del caso.
/Colprensa
