La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para el 8 de mayo en Bogotá con el fin de revisar el caso de cien adultos mayores del corregimiento de Monopamba, en Puerres (Nariño), que se quedaron sin punto cercano para cobrar el subsidio Colombia Mayor y ahora deben viajar hasta dos horas y gastar entre 30 mil y 60 mil pesos en transporte para reclamar una ayuda que, para la mayoría, es de 80 mil pesos al mes.
El 30 de abril de 2025, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) le avisó a la Alcaldía de Puerres que el nuevo encargado de pagar el subsidio sería la empresa SuRed, contratada por el Banco Agrario. Hasta entonces, los pagos los hacía otra entidad con puntos en Puerres y en Monopamba. Con el cambio, el corregimiento se quedó sin punto de pago: SuRed solo abrió oficina en la cabecera municipal.
En total, Puerres tiene 1.097 beneficiarios del programa: 400 reciben 225 mil pesos al mes (los mayores de 80 años) y los demás reciben 80 mil. Cien de esos beneficiarios viven en Monopamba.
La alcaldesa Graciela Lucero Hernández envió cuatro cartas pidiendo cambiar de operador o abrir un punto en el corregimiento. Documentó tres situaciones concretas: el punto de SuRed no tiene rampa, lo que complica el ingreso a personas con muletas o sillas de ruedas; el 10 de mayo de 2025 se acabó el efectivo hacia las 11 de la mañana y varios abuelos tuvieron que devolverse a sus casas sin la plata después de pagar el transporte; y SuRed exigió un poder notarial específico, sin aceptar la firma a ruego que usan quienes no pueden firmar por la edad.
Como salida, los abuelos de Monopamba le dieron poder al líder comunal Jorge Albeiro Cuaran para que él cobrara en su nombre, pero el Banco Agrario y SuRed pusieron un tope de cinco poderes por persona.
A esto se sumó que el 11 de julio de 2025 la Alcaldía declaró calamidad pública por las lluvias: la vía a Monopamba quedó tan dañada que los carros no podían entrar.
El DPS contestó que no podía volver al operador anterior porque tenía contrato vigente con el Banco Agrario. El banco respondió que el contrato solo lo obliga a poner un punto por municipio, no por corregimiento, y que abrir más puntos sería «inviable». SuRed dijo que tiene cobertura nacional y que, como es empresa privada, no se le puede demandar por tutela.
La alcaldesa y el líder comunal presentaron tutela el 22 de agosto de 2025. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres falló a favor de los abuelos: dijo que los desplazamientos eran «largos, costosos y desproporcionados frente al monto de la ayuda». Pero el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales revocó esa decisión el 7 de octubre de 2025, al considerar que la alcaldesa no tenía autorización expresa de los abuelos para representarlos.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional escogió el caso el 18 de diciembre de 2025 por considerarlo «novedoso» y «de urgencia». En el auto, la Corte explicó por qué cree que el problema es más grande de lo que parece.
Según el DANE, en Puerres viven 8.488 personas, y el 20 % son mayores de 60 años. Como 1.097 reciben Colombia Mayor, «más de la mitad de la población de la tercera edad del municipio tiene un interés directo en su adecuado funcionamiento», dice el auto.
La Corte también señaló que el caso «trasciende el ámbito del municipio de Puerres» y refleja una «problemática estructural» sobre cómo el Estado entrega subsidios a los adultos mayores en zonas rurales o de difícil acceso de todo el país.
La discusión se dividirá en tres bloques. El primero buscará oír de viva voz a los adultos mayores afectados: dos abuelos de Puerres y Monopamba contarán sus experiencias, junto al líder comunal Jorge Albeiro Cuarán y representantes de organizaciones como el Consejo Nacional de Personas Mayores, la Fundación Derechos Mayores y el Consejo Distrital de Sabios y Sabias.
El segundo bloque será para que las entidades expliquen cómo funcionan los pagos y por qué se tomaron estas decisiones. Asistirán el DPS, el Banco Agrario, el Departamento Nacional de Planeación y la Defensoría del Pueblo.
El tercer bloque escuchará a expertos académicos: el Instituto del Envejecimiento de la Universidad Javeriana, el Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la Longevidad (IREEL), Help Age International, la Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM).
La decisión está en el Auto 478 de 2026, firmado el 22 de abril por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
- colprensa
