La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Édgar Iván Pérez Ortega, director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí (Antioquia), por presuntas irregularidades en la asignación de turnos durante la Semana Santa de 2026.
Con esta decisión, ya son 13 los funcionarios vinculados al caso de la fiesta realizada en el pabellón de alta seguridad del centro penitenciario. La Procuraduría Regional de Antioquia busca establecer si hubo cambios irregulares en los turnos del personal directivo y si estos incumplieron las normas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La investigación contra Pérez Ortega se originó tras compulsas de copias dentro del proceso abierto contra otros 12 funcionarios del Inpec por los hechos ocurridos el pasado 1 de abril en el pabellón donde están recluidos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participan en los diálogos de paz urbana con el Gobierno.
El 17 de abril, el Ministerio Público anuló las primeras actuaciones contra 11 funcionarios al detectar fallas que afectaban el debido proceso. Tras corregir el trámite, reabrió la investigación, vinculó al director encargado del penal y elevó a 12 el número de funcionarios suspendidos provisionalmente por tres meses, sin salario.
Entre los investigados también está Fabián Leandro León Rodríguez, subdirector del centro y director encargado para la fecha de los hechos, por presunta falsedad en documento público.
Los demás suspendidos son los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; y el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.
El caso salió a la luz el 9 de abril, cuando la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, publicó en la red social X fotos y videos en los que se ve al cantante vallenato Nelson Velásquez interpretando canciones ante un grupo de internos que compartían comida y licor dentro del pabellón de alta seguridad.
«¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? (…) ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad?», escribió la concejala.
En declaraciones a Blu Radio, Carrasquilla aseguró que en el evento habrían participado voceros de la mesa de paz urbana y que se habría hecho una colecta para financiarlo, con un costo estimado de 500 millones de pesos.
La versión del Gobierno
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que el Gobierno no autorizó la actividad y atribuyó lo ocurrido a fallas en los controles de ingreso al penal. «Hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar. Fallaron los filtros», dijo el funcionario, quien calificó el hecho como «penoso» y ofreció excusas en nombre del Ejecutivo.
El jefe de la cartera de Justicia explicó que los internos vinculados a la mesa de diálogo cuentan con un régimen especial de visitas los miércoles, que les permite recibir a varias personas, lo que habría facilitado el ingreso de múltiples asistentes. Según su versión, el grupo musical no ingresó formalmente como tal, sino que habría sido registrado como parte de los visitantes autorizados.
«Para que ingresaran estos elementos tuvieron que pasar cosas que las investigaciones deben establecer, incluida una posible corrupción», agregó Cuervo, quien señaló que el pago del evento no se habría hecho dentro del penal, sino a través de un intermediario externo.
El ministro indicó que el ingreso de elementos prohibidos a cárceles del país es un problema recurrente. «Frecuentemente se encuentran celulares, licor y otros elementos prohibidos en operativos. Es un problema estructural», afirmó.
Tras conocerse los hechos, el Inpec removió al director encargado del penal y al comandante de vigilancia, mientras el equipo negociador del Gobierno suspendió la interlocución con los voceros de las estructuras criminales hasta esclarecer lo ocurrido.
El Ejecutivo también inició el procedimiento administrativo para trasladar a Bogotá a los reclusos vinculados a la mesa de paz urbana que protagonizaron la celebración, proceso que requería una petición formal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ante el Inpec para determinar los pabellones disponibles.
José Leonardo Muñoz Martínez, alias «Douglas», señalado jefe de la Oficina de Envigado y vocero reconocido en el proceso de paz urbana, quien cumple una condena de 32 años de prisión, difundió un comunicado en el que negó cualquier relación con los hechos.
En el documento aseguró que el día del evento se encontraba en otro pabellón recibiendo visita familiar, afirmó que no contrató ni tuvo contacto con el artista, rechazó cualquier violación a las normas del establecimiento y pidió que se investigara a los verdaderos responsables.
/Colprensa.
