Con este avance, Santa Marta se consolida como referente nacional en la atención integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente en los territorios rurales y las periferias urbanas que más han sufrido sus efectos.En un hecho que marca un hito para Santa Marta, la Alcaldía Distrital lidera por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, recibió del Ministerio del Interior la certificación de contribución ejemplar a la política pública de víctimas, un reconocimiento que el Distrito no obtenía desde hace más de una década.
Este logro se anunció en el marco de la segunda sesión del Comité de Justicia Transicional, bajo la coordinación de la alta consejera para la Paz y el Posconflicto, Jennifer Del Toro Granados.
Con este avance, Santa Marta se consolida como referente nacional en la atención integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente en los territorios rurales y las periferias urbanas que más han sufrido sus efectos.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello resaltó que este reconocimiento es el resultado de un trabajo serio, comprometido y cercano a las víctimas. “Más que una certificación, es una responsabilidad que asumimos con convicción: garantizar sus derechos, dignificar sus vidas y seguir cerrando brechas históricas en los territorios que más han resistido”.
Jennifer Del Toro Granados, alta consejera para la Paz y el Posconflicto, señaló que: “Este logro refleja el trabajo articulado que hemos priorizado en la zona rural y los barrios de Santa Marta. Hemos puesto en el centro la presencia institucional, la escucha activa a las víctimas y acciones concretas que llevan oferta real a los territorios”.
EL AVANCE EN TODO
Agregó que: “Avanzamos en atención, reparación y generación de oportunidades, porque las víctimas merecen verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Este reconocimiento es de ellas y para ellas”.
Durante la sesión del Comité de Justicia Transicional -con la participación de entidades del Ministerio Público, la Unidad para las Víctimas, Policía Nacional, Ejército Nacional, Prosperidad Social, Unidad de Restitución de Tierras y Ministerio del Interior-, se definieron acciones estratégicas para fortalecer la garantía de derechos y la atención oportuna a esta población.
Entre los principales avances se destacan:
– La aprobación del concepto de seguridad para zonas urbanas y rurales, con seguimiento de la Procuraduría.
– La implementación de un plan de contingencia por 800 millones de pesos para atención humanitaria inmediata.
– El fortalecimiento de programas de generación de ingresos, orientación jurídica y acceso a educación superior gratuita para las víctimas.
– Un incremento del 150% en el presupuesto destinado a las garantías de participación de las víctimas.
– Avances significativos en el derecho a la vivienda, con 158 beneficiarios en programas de mejoramiento habitacional.
El Comité también resaltó el liderazgo de Santa Marta en acciones de memoria histórica y medidas de satisfacción, fundamentales para la reparación integral de quienes han cargado durante décadas con el peso del conflicto.
