Un total de ocho predios fueron restituidos a familias campesinas en el departamento del Magdalena, en el marco de tres jornadas de entrega realizadas con acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena, y el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
Las diligencias hicieron parte del cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Cartagena, mediante las cuales se materializó la devolución de tierras a familias que habían sido desplazadas y despojadas hace más de 20 años por la acción de grupos armados.
En una de las jornadas, la beneficiaria Sonia Esther Pérez de Roján recibió formalmente las escrituras de su predio de 25 hectáreas, en un acto que contó con el acompañamiento de su familia. Durante el proceso, expresó su retorno al territorio tras años de ausencia. “Estoy contenta porque volví a mi tierra con mis hijos y amigos. Agradecida con Dios y con el señor presidente Gustavo Petro, que nos dio esto y nos tiene en cuenta a los campesinos”, señaló.
En las diligencias también participaron delegados de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organizaciones que han representado a las víctimas dentro de los procesos de restitución y que han acompañado el trámite judicial para la recuperación de los predios.
La URT explicó que estas acciones hacen parte del convenio de Litigio Estratégico, desarrollado junto a organizaciones de derechos humanos y con apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia (MPTF). Este mecanismo busca atender casos de alta complejidad y facilitar el avance de procesos de restitución en territorios afectados por el conflicto armado.
Según la entidad, el trabajo articulado ha permitido impulsar procesos que presentan mayores dificultades judiciales, mediante la coordinación entre instituciones, organizaciones sociales y operadores de justicia.
“Este convenio es uno de los logros representativos de la administración: permitió impulsar casos de difícil resolución y generar puentes para avanzar donde antes no los teníamos. Colectivizar el proceso de restitución nos permite leer el territorio de forma integral”, afirmó Paula Villa, directora jurídica de la URT.
Como resultado de las tres jornadas, fueron restituidas cerca de 200 hectáreas, beneficiando a familias campesinas, entre ellas parceleros del corregimiento de Macaraquilla, quienes han iniciado su retorno progresivo a las tierras que debieron abandonar en el contexto del conflicto armado.
