El futuro de la seguridad en Colombia fue uno de los ejes centrales del foro Proyecciones Colombia 2026, donde analistas coincidieron en que el país enfrenta un escenario más complejo, con grupos armados fortalecidos, nuevas tecnologías en el conflicto y una capacidad estatal que no crece al mismo ritmo.
Román Ortiz, director de Strategic Analysis and Consulting Group, señaló que el país atraviesa un ajuste en el balance estratégico, con organizaciones ilegales que han aumentado su tamaño y capacidad operativa.
Según explicó, la violencia está dejando de concentrarse en zonas específicas para expandirse a nuevos territorios, con un carácter más tecnológico e internacionalizado. En ese contexto, destacó el uso creciente de drones en acciones armadas, que pasaron de 119 casos en 2024 a 277 en 2025.
Según el análisis, el país enfrenta un aumento en los indicadores como masacres, secuestros y eventos de terrorismo, mientras las desmovilizaciones y sometimientos a la justicia han caído. A esto se suma una brecha creciente entre los recursos del Estado y los de las economías ilegales, impulsadas por el narcotráfico, cuya producción, señala el experto, continúa en aumento frente a niveles de incautación que no logran compensarla.
Ortiz advirtió que, aunque el presupuesto de defensa ha crecido, la inversión en capacidades operativas sigue siendo limitada y, en algunos casos, mal orientada, afectando directamente la efectividad de la Fuerza Pública.
En su intervención, planteó que el país necesita “reformar su modelo de seguridad”, priorizando inversión en operación, tecnología y mantenimiento, en lugar de ampliar el pie de fuerza.
Desde una perspectiva distinta, Ignacio Gaitán, consultor y líder gremial, abordó el papel de la innovación y el sector empresarial en medio de este contexto. Señaló que, más allá de los cambios de gobierno, el liderazgo en creatividad y desarrollo económico depende del sector privado, que debe adaptarse a escenarios cambiantes y seguir generando valor “incluso en contextos adversos”.
Por su parte, Byron Plazas, experto en estructuración de proyectos públicos, centró su análisis en la relación entre el Estado y el sector privado. Explicó que los proyectos públicos deben entenderse como soluciones institucionales y no solo como desarrollos inmobiliarios, y que su sostenibilidad depende de factores jurídicos, presupuestales y técnicos.
También advirtió que los cambios de gobierno modifican prioridades de inversión, lo que obliga a anticipar escenarios políticos y adaptar las estrategias empresariales, esto en el sentido de atender un nuevo gobierno sea cual sea la tendencia política.
Plazas subrayó que el principal riesgo en este tipo de proyectos es desconocer el principio de legalidad, lo que puede comprometer su viabilidad en el tiempo, especialmente en contextos de transición política.
En otra de las líneas de discusión, Federico Ramírez, CEO de Famoc Depanel USA, planteó que Colombia está en una transición hacia un modelo basado en la exportación de servicios y conocimiento.
Según Ramírez, sectores como el desarrollo de software, el BPO y el trabajo remoto están posicionando al país como proveedor de talento en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.
Sin embargo, advirtió que las economías ilegales distorsionan los incentivos, al ofrecer ingresos en dólares que compiten con sectores formales de la economía colombiana. Por ello, planteó la necesidad de orientar esa lógica hacia actividades legales de mayor valor agregado, aprovechando el tamaño del mercado global.
/Colprensa
