Cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas FARC reconocieron este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en secuestros, retenes ilegales, desapariciones forzadas y otros crímenes concurrentes cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla, en una audiencia pública presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján, municipio de María La Baja, Bolívar, con la presencia de 32 víctimas acreditadas en el Caso 01 del tribunal de paz.
”Usamos el miedo para el control”
El excomandante de los frentes 41 y 19, Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, fue el primero en tomar la palabra y entregó la síntesis más descarnada de la jornada: «Usamos el miedo para el control. Cargábamos armas. Y esas armas, aunque siempre dijimos que eran para defender a los desprotegidos, a los desposeídos, resulta que en los diálogos que hemos tenido con ustedes, nos damos cuenta que estuvimos lejos de eso».
Caicedo Colorado, oriundo de Mercaderes, Cauca, e integrante de las FARC desde 1977, cuando era menor de edad, describió los operativos de control territorial que comandó en la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta: retenes en las troncales del Caribe entre San Roque, Becerril, La Jagua, Codazzi y San Diego, donde la guerrilla detenía vehículos, interrogaba a los ocupantes y los sometía al «perfilamiento» de presuntos informantes del ejército o del paramilitarismo.
«Normalmente a esos retenes la respuesta por parte de los militares era rápida, y por esa razón colocábamos en peligro a las personas que de una u otra manera caían en estos retenes», reconoció.
El exjefe guerrillero atribuyó los crímenes cometidos, en parte, a la ausencia de mecanismos de control interno: «No implementé mecanismos de verificación de la conducta de cada uno de mis subalternos que nos pudiera permitir controlar los desmanes que se convirtieron en graves crímenes de lesa humanidad».
Ante la JEP reconoció los tres patrones por los que fue imputado en el macrocaso 01: secuestros con fines de financiamiento, secuestros con fines de canje y secuestros para el control territorial y social.
Caicedo Colorado también abordó un daño que describió como agravado: el estigma que recayó sobre las propias personas secuestradas tras su liberación. Señaló el caso de Ricardo, un hombre secuestrado en una hacienda donde trabajaba —a quien la guerrilla retuvo al no encontrar al patrón— y que posteriormente fue señalado por su comunidad como presunto colaborador guerrillero: «No fue el guerrillero. Una de las cosas que ocurrió con las personas que fueron víctimas es el estigma, el señalamiento.
Fueron secuestradas para control territorial y después fueron estigmatizadas como cómplices de la guerrilla, o como informantes del ejército, o colaboradores del paramilitarismo, y eso generó desplazamientos o aislamiento de las personas».
Oviedo: «El secuestro es un delito que no debió darse”
Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias Manuel Omaña, excomandante del frente 35 y del frente 37 en los Montes de María y el sur de Bolívar, reconoció su responsabilidad individual como «partícipe determinante de hechos y conductas no amnistiables como tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad».
Oviedo —capturado el 29 de febrero de 2008 y quien cumplió nueve años y ocho meses de prisión antes de acogerse al acuerdo de paz— fue el único de los cinco comparecientes que había enfrentado procesos en la justicia ordinaria.
En su intervención narró los retenes que ordenó en la troncal que comunica Sincelejo con Cartagena y Barranquilla, donde la guerrilla «afectó a la población que se transportaba con la intención de mantener un control social», privó de la libertad a personas «catalogadas como red de informantes o colaboradores del ejército y paramilitares», secuestró a políticos, candidatos, y funcionarios públicos como los trabajadores del DANE Luis Alberto Leones, Lucía y Jorge. «Daños que no debieron haber ocurrido, porque el secuestro es un delito y un crimen de lesa humanidad que no debió darse ni para gente rica ni pobre», señaló.
Oviedo reconoció de manera específica el caso de Ángel Navarro, quien fue secuestrado y cuya ausencia provocó problemas psicológicos graves en su esposa, la muerte del bebé recién nacido de la pareja y secuelas que persisten en su cuñada, quien tenía once años en el momento de los hechos: «Esos daños los causamos nosotros al privar de la libertad al señor Ángel Navarro».
Landero: «Las armas causan mucho daño”
Osmany Landero Rodríguez, alias Hernando González, excomandante del frente 35 en los Montes de María, reconoció su responsabilidad por los hechos cometidos por «las unidades que yo tenía bajo mi mando», de las cuales afirmó que ninguna sobrevivió: «El frente fue diezmado». Landero, oriundo de Tierralta, Córdoba, e integrante de las FARC desde el 11 de septiembre de 1973, indicó que en los Montes de María la operación guerrillera fue dificultada por la densidad de población y la cantidad de vías de acceso, lo que multiplicó los daños sobre la población civil.
«Causamos mucho daño y muchas afectaciones y estigmas. Muchas veces se señalaban personas como colaboradoras de la fuerza pública y de pronto no eran», afirmó Landero, quien pidió perdón a las víctimas presentes y ausentes. «Nosotros éramos claros y conscientes de las afectaciones que iban quedando al pueblo que era el que estaba en el centro del conflicto», añadió.
Giraldo: víctimas en medio del fuego cruzado
Gilberto de Jesús Giraldo David, alias Aldemar Altamiranda, excomandante del frente 41 en la Serranía del Perijá e integrante del Estado Mayor del Bloque Martín Caballero desde 1993, detalló la dinámica de los retenes en carreteras: «A todo el que iba en los vehículos se le bajaba, se le cuestionaba, se le sometía a violaciones, a amenazas y al peligro que esto representaba al quedar en medio del fuego cruzado, donde incluso muchas personas murieron».
Giraldo reconoció también las desapariciones forzadas vinculadas a los perfilamientos: «Cuando hablamos de la desaparición forzada de muchas personas, hoy que estamos compareciendo ante la JEP, venimos conociendo qué fue lo que ocurrió en este periodo después de diez años».
El excomandante señaló el caso de Andrea Mayerli —secuestrada siendo niña— y de Marlene, quien «sufrió el flagelo del secuestro siendo una niña y que no debió haber ocurrido este hecho, cuando sabemos que la juventud no tenía la culpa de lo que estaba pasando».
Cuadras: «Ponerle la cara a las víctimas es una de las cosas que necesitan»
Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Guerra, excomandante del frente 59 en La Guajira e integrante de la dirección del Estado Mayor del Bloque, reconoció su responsabilidad tanto individual como colectiva por secuestros, desplazamientos, torturas, desapariciones y el «desarraigo» de comunidades enteras. «El secuestro es privar de la libertad a una persona y ponerle precio como si fuese un objeto cualquiera», afirmó.
Cuadras también reconoció que el maltrato a los secuestrados —que describió como ajeno a las instrucciones formales de la organización— ocurrió sistemáticamente: «Me daba pena de que gente que anduvo con nosotros tuviera ese trato inhumano con algunos secuestrados o privados de la libertad».
Anunció que en la siguiente sesión de la audiencia, el viernes 24 de abril en el Cesar, reconocerá públicamente hechos adicionales ante las víctimas de esa región. «Ponerle la cara a las víctimas es una de las cosas que necesitan, que se hable con la verdad ante la justicia», sostuvo.
827 víctimas, 15% de los secuestros de las FARC
El Bloque Caribe fue responsable del secuestro de al menos 827 de las más de 4.439 víctimas acreditadas en el Caso 01, lo que equivale al 15% de los plagios cometidos por toda la organización guerrillera, cifra solo superada por los bloques Noroccidental y Oriental.
La investigación de la JEP, cuya etapa concluyó en febrero de 2026, documentó que la estructura llegó a su punto máximo de expansión en 2002, con 1.320 combatientes organizados en cinco frentes rurales —el 19, el 35, el 37, el 41 y el 59— más el frente urbano José Antequera, con operaciones en Barranquilla.
La magistrada Lemaitre informó que la próxima sesión se realizará el viernes 24 de abril en el departamento del Cesar, concentrada en los patrones de secuestros con fines de canje de guerrilleros presos y de financiación, que incluyen el caso del exministro Fernando Araújo Perdomo —quien permaneció seis años en cautiverio— y el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera.
/Colprensa
